Editorial
Una espinosa reforma
L Consejo de Ministros ha impulsado la reforma del Código Penal más severa de la democracia. Una modificación legal que sin duda se explica en gran medida por el sensible incremento de la alarma social por las nuevas formas de delincuencia, como las de ámbito informático - con especial aversión por el intercambio de archivos pedófilos-, o los crecientes en número y en violencia delitos contra el patrimonio -sobre todo asaltos a hogares- y el tráfico de seres humanos. Esta reforma también obedece, qué duda cabe, al reforzamiento en el ideario colectivo de la percepción de que en muchos casos las penas impuestas son escasas y, además, los detenidos
entran por una puerta y salen por la otra , como reza el acervo popular, sobremanera en lo que atañe a los ladrones
de guante blanco, que han proliferado al calor del bestial desarrollo urbanístico y de los sobornos y comisiones adosados en los últimos lustros a la construcción. Por añadidura, resulta evidente que el Ejecutivo de
Zapatero
, como el de
Aznar en 1995, tiene muy presente que, para perpetuarse en el poder, es obligado responder cíclicamente y de forma sonora a la demanda ciudadana de mayor seguridad, aunque a menudo haya que satisfacer las más bajas pulsiones. Como sostenía
Winston Churchill , no hay Gobierno que se desplome si los electores se sienten a salvo, en lo laboral y en las calles. Más allá de las cuestiones procedentes que esta reforma plantea, lo que está en seria cuestión es la nueva pena accesoria de libertad vigilada hasta un máximo de 20 años para los terroristas una vez cumplida la condena por sus execrables acciones. Porque, así como la reincidencia entre los delincuentes sexuales está acreditada, no ocurre lo mismo con los terroristas, que generalmente sí renuncian a la militancia activa después de su estancia en prisión, aunque no renieguen de su ideología. Así que es fácil colegir que esta novedad obedece a la superlativa presión de determinados colectivos alineados tradicionalmente con los postulados del PP. Una vuelta de tuerca que va a suponer un enorme desgaste para jueces y policías, con el riesgo de fracasar si no crecen sustancialmente los recursos de los que disponen. Al margen del peligro palmario de que, al elevar el listón penal, puedan limitarse, e incluso recortarse, derechos fundamentales.