
Imagen de una de las últimas movilizaciones llevadas a cabo por la plantilla de la residencia.Foto: alex larretxi
vitoria. El vaso de la paciencia del PP se ha agotado tras nueve meses de espera y ocho de huelga en la residencia de ancianos de Ariznabarra. Sus representantes en las Juntas Generales de Álava entonaron ayer un unísono "basta" y dieron a conocer el contenido de la moción de urgencia interpuesta esta semana para su debate el próximo lunes en el Pleno de la Cámara. En sus dos puntos, el documento reclama básicamente el rescate de las condiciones salariales existentes hasta el 31 de diciembre de 2007 y exige una reunión de la diputada de Asuntos Sociales, Covadonga Solaguren, con una representación del comité de empresa, un encuentro que nunca hasta la fecha se ha producido.
Para el punto más caliente de la moción, el referido al encuentro entre ambas partes, el PP insta al ente foral a cerrar una cita antes de que transcurran 15 días. Hasta ahora, la diputada sólo mantuvo una entrevista con la presidenta del comité, pero la plantilla espera que en esta ocasión una representación de la Diputación reciba al comité al completo. Un hecho sin precedentes que, según aseguró ayer la juntera popular Marta Alaña, "hasta ahora el PNV no se ha dignado a afrontar".
problemas aireados Alaña, quien se confesó "cansada" de que los problemas de Bienestar Social -residencia Ariznabarra, IFBS, centro de menores, centro de autistas...- se aireen en los medios de comunicación, agradeció ayer que Solaguren se hubiese entrevistado con los familiares de los internos, si bien matizó que la reunión "no se ha producido hasta que la diputada ha tenido conocimiento del contenido de la moción que había presentado el PP".
Por su parte, la representante del PP Ana Morales fue la encargada de abordar el capítulo económico y de denunciar que aunque la Diputación paga 107 euros por plaza y día en la residencia, en realidad no se cumplen las condiciones reclamadas por el ente foral en su convenio con Mapfre Quavitae, subcontrata que gestiona el centro. Esto es así porque, según Morales, se ha producido un drástico recorte del salario base de las trabajadoras que ha pasado de 1.399 a 850 euros. La diferencia es abonada por la empresa en forma de complementos para evitar la consolidación, como derecho adquirido, de sus nóminas.
Con el fin de evitar "trampas" de cara a futuras contrataciones, el PP pide que las garantías económicas planteadas en su moción sean de igual aplicación "para todos aquellos empleados que entren a formar parte de la plantilla de la residencia en lo sucesivo".
Los portavoces del comité de empresa de la residencia agradecieron el gesto de los populares y dieron por buenas todas y cada una de las reclamaciones contenidas en la moción. Asimismo, señalaron que en una asamblea de trabajadores celebrada ayer por la mañana, la plantilla volvió a reclamar un convenio para el centro. "No todo se soluciona a base de ofertas económicas, queremos un convenio de empresa y ya es un clamor", indicaron.
rescate de la gestión La iniciativa planteada ayer por la representante en Juntas Generales de EB, Nerea Gálvez, fue bastante más allá que la de los populares, ya que instó a la Diputación a "rescatar el servicio y a adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo una gestión pública y directa". Para ello, presentó una enmienda que también será debatida el lunes.
Gálvez reclamó la realización, en el plazo de un mes, de un informe que revele el coste real del rescate y consideró que, tras 8 meses de huelga, Mapfre Quavitae ha aumentado "considerablemente" sus ingresos tras el último pacto sellado con el ente foral.
Por todo ello, Gálvez instó a tomar medidas de cara a que la empresa cumpla con las condiciones laborales acordadas en el laudo de 2003 y medie para poner fin a una huelga "que dura ya demasiado tiempo".
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