
vitoria. El director de Financiación y Contratación Sanitaria del Gobierno Vasco, Josu Garay, tachó ayer de "negativa" la propuesta que plantea la Unión Europea para que los pacientes tratados en otros países tengan que adelantar el coste de la asistencia y esperar a que los Estados les reembolsen el dinero.
Garay y el director vasco de Asuntos Europeos, Mikel Antón, comparecieron en el Parlamento para explicar la postura del Gobierno Vasco con respecto a la propuesta de directiva de la Unión Europea sobre la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.
Garay ha recordado que, en la actualidad, los ciudadanos vascos que salen al exterior llevan una tarjeta que les permite ser atendidos sanitariamente sin desembolsar ninguna cantidad. La directiva que está diseñando el organismo europeo plantea que sea el ciudadano el que adelante el dinero de la asistencia sanitaria, así como la estancia y posteriormente el Estado al que pertenezca le reembolsará los gastos. El director de Financiación Sanitaria criticó que con esta propuesta "no todos los ciudadanos estarán en disposición de adelantar los gastos".
Garay subrayó que el Ejecutivo vasco comparte los principios de esta propuesta directiva de universalidad, solidaridad y no discriminación aunque recalcó que es necesario que se maticen y mejoren numerosos aspectos recogidos en el articulado porque, entre otras cosas, no tiene en cuenta a los diferentes sistemas de salud de las autonomías españolas.
consenso autonómico Por ello, tanto Garay como Antón reclamaron al Ministerio de Sanidad que busque el consenso con las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de los sistemas de salud, a la hora de elaborar las propuestas que envíe a Europa.
Asimismo reconoció que el Ministerio de Sanidad tiene "voluntad" para lograr una postura consensuada con las comunidades, con las que ya ha celebrado una reunión sobre este asunto. No obstante, señaló que le consta que el Ministerio ya se ha reunido con otros Estados europeos para hablar de esta directiva sin pedir información a las comunidades autónomas y reclamó al Gobierno central que habilite los mecanismos necesarios para tener en cuenta la opinión de las comunidades.
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