
Los terrenos afectados por el proyecto para construir un campo de golf en Labastida.Foto: alex larretxi
vitoria. Las actuaciones de la Justicia contra los proyectos que ligan el golf y el urbanismo en la Rioja Alavesa siguen adelante. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial a principios de este mes contra el ex alcalde de Labastida, el popular Ignacio Gil Orive, y contra tres promotores del proyecto Golf&Wine, que pretendían construir 750 viviendas en torno a un campo de 18 hoyos en las faldas del monte Toloño. Arranca así un proceso judicial cuyo primer episodio será la toma de declaración a los imputados, Gil Orive y los empresarios Javier Corta Echániz, Luciano Soraluze Narvaiza y José María Elías Zabala, el próximo mes de octubre.
Así lo confirmó ayer el fiscal jefe, Josu Izaguirre, que el pasado mes de febrero ordenó investigar la cesión de terrenos municipales a la sociedad promotora del campo, San Ginés Labastida, por un precio muy inferior al real, pues la tasación efectuada en 2005 por la empresa LKS Tasaciones no tuvo en cuenta la futura construcción de viviendas en el millón de metros cuadrados afectados por el proyecto. Se dio así, según la Fiscalía, un "vaciamiento patrimonial del Ayuntamiento en favor de una empresa privada". LKS aseguró haber sido engañada por el Consistorio y haber efectuado de buena fe su tasación, que valoró los terrenos como improductivos, eriales o cultivos de secano.
Tras la pesquisas efectuadas, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que en la operación se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación. La denuncia expone que los imputados trataron de ocultar las presuntas irregularidades eludiendo inscribir las ampliaciones y aportaciones de capital en el registro mercantil. Con la admisión a trámite de la denuncia, el proyecto del golf en Labastida sufre un nuevo revés. El pasado viernes, el Ayuntamiento convocó un Pleno extraordinario para paralizar la modificación de las normas urbanísticas que permitirían seguir adelante con el proyecto, boicoteado por los concejales del PP y el PNV.
En el caso del campo de Laguardia, también investigado, aún no ha habido un pronunciamiento judicial sobre los supuestos delitos cometidos por los ex alcaldes César García Olano y Javier San Pedro.
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