Diario de Noticias de Álava

La Fiscalía detecta indicio de malversación de caudal público en la gestión del ex alcalde del PP

censura que el consistorio cediera fincas a precios bajos y beneficiara a empresarios

Detecta señales de delitos como tráfico de influencias y prevaricación en las actuaciones del político y de tres promotores

vitoria. La Fiscalía Provincial de Álava inició, el pasado 14 de febrero, una investigación sobre los trámites del campo de golf -asociado a 750 viviendas- de Labastida. Entonces, se intuían cuestiones "de apariencia delictiva" en cesiones de tierras para sacar adelante el controvertido proyecto urbanístico. No se esperaban una trama tan "sorprendente". El organismo ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de la localidad, el popular Ignacio Gil Orive, y tres de los promotores del green , porque ve indicios de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación. El primero de estos delitos -de confirmarse judicialmente- contempla penas como multa, inhabilitación y de tres a seis años de cárcel.

La denuncia, ayer trasladada al Juzgado Decano de Vitoria -que ahora debe adjudicarla a una sala en concreto, que decidirá qué ocurre con el proceso-, señala como imputados a cuatro personas: Javier Corta Echániz, Luciano Soraluze Narvaiza, José María Elías Zabala -los tres vinculados a la sociedad mercantil San Ginés Labastida- y al propio Gil Orive. Todos participaron en los trámites por los que el Ayuntamiento cedió terrenos a los promotores del campo. Algo que el fiscal jefe, Josu Izaguirre, explica como "un vaciamiento patrimonial del Ayuntamiento en favor de una empresa privada". "Un auténtico regalo", apunta.

El proyecto de Labastida, bautizado como Golf&Wine, surgió en torno a 2003 de mano de inversores privados. Grosso modo , se trataba de un campo de golf de 18 hoyos y 750 viviendas que afectaba a un millón de metros cuadrados en el entorno de San Ginés. El referente privado de esta iniciativa es el grupo Sorelor, con sede en Azkoitia (Gipuzkoa). El siguiente paso en la construcción del campo fue la creación, el 12 de febrero de 2003 -según la denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este rotativo-, de la entidad mercantil San Ginés Labastida.

Los referentes de estas firmas son nombres como Javier María Corta o Luciano Soraluze. Según reza el documento, el entonces alcalde de la localidad, Gil Orive, "ideó un medio para conseguir que el patrimonio inmobiliario propiedad del Consistorio, y afectado por el campo de golf, fuera incorporado al patrimonio de los promotores privados por un precio muy debajo del real, con el fin de beneficiar a dichas entidades privadas a costa del patrimonio público".

la operación El método consistió en que el Consistorio cediera los terrenos de titularidad pública para entrar en el capital de San Ginés Labastida. Estas zonas, sin embargo, se tasaron sin tener en cuenta las plusvalías derivadas del proyecto, por lo que "todas ellas recaían en el resto de los socios".

Para llevar a cabo la operación, fue necesario el impulso de una entidad mercantil del Consistorio, Labastida Gestión Municipal, que se constituyó en 2005 con una mínima parte de aportaciones económicas y una cantidad importante de parcelas (25) de titularidad municipal. Estas áreas fueron tasadas por LKS Tasaciones a comienzos de 2005, que calificó las fincas como improductivas -0,16 euros por metro cuadrado-, viñedo secano -5,78-, cereal secano -0,50- y erial pastos -0,33-, a pesar de que "una parte importante de las fincas que aportaba el Ayuntamiento estaban en una zona en la que se preveían viviendas", según el fiscal.

Labastida Gestión Municipal siguió adelante con el proceso. En febrero de 2006, amplió su capital hasta llegar a 414.050,44 metros cuadrados de fincas. Éstas, que pasarían a formar parte de la sociedad que impulsaba el campo de golf -San Ginés Labastida- se tasaron de nuevo según los criterios anteriores.

El paso de las tierras se gestó a través de dos ampliaciones de capital de San Ginés Labastida, que se efectuaron el 16 de febrero de 2005 y el 14 de febrero de 2006. Los socios pusieron dinero, mientras el Consistorio aportó las tierras. No obstante, el capital social de la sociedad se repartía de la siguiente forma: un 56% de las participaciones sociales para la firma Narbalur -con Luciano Soraluze al frente-; un 20% para Javier Corta, un 4% para José María Elías, y únicamente un 20% para Labastida Gestión Municipal.

el paso de las tierras Los cuatro imputados, además, pasaron a controlar el Consejo de Administración de la sociedad. La Fiscalía denuncia, además, que los impulsores de esta trama presuntamente intentaron ocultar este procedimiento irregular "no inscribiendo todas las ampliaciones y aportaciones de capital en el registro mercantil". Un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, de hecho, pidió que las fincas aportadas se inscribieran en el Registro de la Propiedad. No fue así.

Así las cosas, ahora Labastida Gestión Municipal no es propietaria de las fincas que conformaban su propio capital social, puesto que han pasado a San Ginés Labastida. A esas tierras, sigue la denuncia, hay que sumar las que ya han adquirido en la zona el grupo Sorelor y el empresario Javier Corta. Se trata de otras 45 fincas rústicas, con una extensión total de unos 205.000 metros cuadrados, casi el 15% de la zona afectada por un proyecto urbanístico que sigue en el aire.

La noticia llega cuando reinaba cierta tranquilidad en el municipio, después de que Lakua devolviera las normas que regían el proyecto urbanístico al Consistorio, para que volviera a redactarlas. Sin embargo, el actual alcalde, Higinio Arinas (EB) -contrario al golf-, se resistía a sacar adelante la iniciativa, pese a la insistencia de los ediles de PP y PNV.

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