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Sábado, 17 de mayo de 2008

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La Diputación intensificará la inspección de geriátricos para asegurar su calidad

el ejecutivo foral recibe una media de 16 quejas e impone 4,5 sanciones por año

Ha castigado con multas de hasta 10.000 euros sobre todo por obstrucción o negación a los servicios de control

Covadonga Solaguren.Foto: josé ramón gómez

iratxe aguinaco

vitoria. La Unidad de Registro e Inspección de Servicios Sociales está sobrecargada de trabajo. La amplia oferta de residencias de la Tercera Edad existente en la provincia hace que sea complicado mantener al día las revisiones pertinentes, y más si se tiene en cuenta que los recursos humanos destinados a este área son escasos. Tan sólo dos inspectores se ocupan de realizar los análisis pertinentes a los 53 centros existentes en Álava -entre residencias públicas y privadas, viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, centros de día públicos y centros rurales-, lo que hace que el servicio se encuentre saturado.

Aún así desde el Departamento foral de Política Social se ha hecho lo posible por hacer bien los deberes. Los dos trabajadores encargados de supervisar la buena marcha de estos centros han efectuado 74 visitas con sus correspondientes informes, un volumen de trabajo que evidencia la necesidad de refuerzos. Así lo admitió ayer Covadonga Solaguren, diputada foral del ramo, que anunció que se está valorando la inclusión de otros dos profesionales, uno de los cuales se incorporará "en breve". "Consideramos imprescindible ampliar la plantilla", reconoció a los procuradores en su comparecencia ante las Juntas Generales.

Así, la Diputación podrá controlar de forma más exhaustiva la red residencial y revisar las reclamaciones llegadas al buzón de quejas. Y es que este servicio ha recibido una media de 16,6 apuntes desde su creación en 2003, con un repunte en 2005 y 2006 que llevó casi a duplicar las sugerencias captadas, con 25 registros. En lo que va de año, la unidad ha contabilizado 17.

Solaguren informó ayer que, en la mayoría de los casos, las quejas se refieren al fallo en el suministro de medicación, la asistencia residencial inadecuada, la mala atención sanitaria, la falta de higiene hacia los usuarios y el servicio deficiente en los pisos tutelados. "Ha habido muy pocas quejas por falta en las condiciones de salubridad y no ha habido ninguna por motivos de accesibilidad", especificó.

no más de 10.000 euros En cuanto a las sanciones impuestas por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, la diputada afirmó que todas han sido de carácter económico y que todavía no se había llegado a clausurar ningún centro. Además, a pesar de que las multas impuestas pueden alcanzar los 60.000 euros, todas las definidas hasta la fecha no superan los 10.000 euros.

En los últimos ocho años, la Diputación ha impuesto una media de 4,5 expedientes sancionadores, teniendo el año pasado como puntal, con siete. En 2008, ya se han tramitado tres. La mayoría de las multas tienen como objeto de infracción haberse negado u obstruido a los servicios de inspección.

Asimismo, Solaguren confirmó que hay una buena coordinación con el Gobierno Vasco y la Ertzaintza, entidades con las que se mantienen contactos y se comparten informes. Asimismo, se mantienen vías abiertas con el DEMSAC municipal.

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