
Ibarrondo, en su última cita para declarar por el caso Ibaiondo.Foto: m.r.
vitoria. Antón Sáenz de Santa María, ex director del Departamento municipal de Urbanismo y autor de la "nota informativa" que propició el sobreprecio en 54.000 euros por unidad de los chalés bioclimáticos de Ibaiondo, se queda sólo ante el peligro. La Fiscalía considera que su compañero de andanzas judiciales, el ex concejal del ramo, Jorge Ibarrondo, no tuvo responsabilidad punible en este asunto y que la polémica carta manuscrita fue el único documento que permitió subir el precio de las viviendas, por lo que descarta procesarle en este caso. Un juicio en el que, de celebrarse, el ex director habrá de enfrentarse a tres presuntos delitos: prevaricación, falsedad documental y cohecho.
De acuerdo con la opinión profesional del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria, Josu Izaguirre, el grifo de la investigación correspondiente al caso de los chalés que aumentaban de precio en contra de la decisión plenaria municipal, se ha cerrado. Después de escuchar el testimonio de todas las partes implicadas, su departamento estima que sólo cuenta con pruebas para sentar en el banquillo de los acusados a Sáenz de Santa María. En los próximos días, la Fiscalía solicitará formalmente a los juzgados que se abra juicio oral para poder presentar el preceptivo escrito de acusación contra el ex director. "En este momento no existen elementos suficientes para imputar al señor Ibarrondo y, por lo tanto, sólo vamos a solicitar la apertura de juicio oral solamente respecto del señor Sáenz de Santa María", resumió ayer Izaguirre.
El ex concejal puede respirar aliviado tras haber solventado un delicado trance legal con el caso Ibaiondo, pero todavía le queda un enemigo al que enfrentarse: Ali.
El caso de la calle Asestadero del barrio de Ali supone el reverso de la moneda de su gemelo de Ibaiondo. Si en aquél los costes crecían, en este el terreno mengua por debajo de lo legalmente necesario para construir. La constructora Salgado Iglesias, que quería ejecutar siete chalés en la parcela de la discordia, necesitaba 2.000 metros cuadrados para edificar o conformarse con elevar sólo seis viviendas. A pesar de las negativas de los técnicos de Urbanismo por falta de espacio, finalmente logró la licencia para abordar los siete chalés. Ahora, un perito topográfico designado por el juzgado correspondiente deberá establecer si el solar reunía las dimensiones adecuadas.
Izaguirre explicó que, a día de ayer, aún no había informe pericial sobre su mesa. Lo único que hasta ahora ha remitido el experto vía e-mail es un simple plano con anotaciones que no puede, ni de lejos, ser empleado como documento en un proceso legal. El fiscal jefe interpretó que se trata de "un avance" en el que, efectivamente, se confirma que la parcela apenas supera los 1.800 metros cuadrados. Pero no explica si, entre otras cosas, en la medición se tuvieron en cuenta las cesiones urbanísticas aparejadas a cualquier proceso constructivo de esta índole.
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