Diario de Noticias de Álava

La Diputación realizará otra auditoría del servicio en la residencia Ariznabarra

las juntas exigen un protocolo del centro y que las inspecciones se sucedan cada mes

La Cámara señala a la gestora privada de este recinto público como la culpable de la pérdida de calidad en la instalación

vitoria. Las Juntas apostaron ayer por estrechar el control de la Diputación a la residencia Ariznabarra. Buena parte de la Cámara mostró sus dudas por el modelo de funcionamiento del recinto, de titularidad pública y gestión privada, y señaló a la firma responsable del geriátrico -Mapfre Quavitae- como la responsable de la pérdida de calidad del servicio. Por ello, instó al Ejecutivo a que desarrolle un protocolo de coordinación del recinto, que asegure el diseño adecuado de los menús y el mantenimiento de las instalaciones. La Diputación cuenta ahora con tres meses para realizar una nueva auditoría de la residencia, la segunda en menos de cinco años.

Trabajadoras de la residencia de Ariznabarra llevan movilizándose desde hace tres meses para exigir a la Diputación que medie en la negociación de un nuevo convenio con Quavitae, con el que se equiparen sus condiciones laborales con el de otros empleados del Instituto Foral de Bienestar Social. Sin embargo, este conflicto se separó ayer durante el Pleno de las Juntas de la situación actual del centro. El PSE lamentó las "deficiencias en la gestión" de Ariznabarra, una situación "que nos preocupa desde que se inauguró el recinto" y que ya en 2003 llevó al grupo a solicitar una auditoría que evaluase el funcionamiento de esta residencia para mayores. El pasado 31 de octubre, la Diputación ya reconoció este mal estado y anunció que "muchas cosas" debían ser mejoradas.

La Cámara señaló casi con unanimidad a la gestora del recinto, dado que es una firma privada "que sólo busca hacer negocio", como la culpable de estas deficiencias. El debate se centró, por tanto, en por qué se optó por este modelo de gestión indirecta. El PP cargó contra el PNV por haber "atado mal" esta concesión por medio siglo durante su anterior etapa en la Diputación. El PSE, mientras, censuró que los populares no admitieran en los últimos ocho años este mal funcionamiento.

Sea como fuere, grupos como EA, EB o ANV interpretaron estas deficiencias como una prueba de que la gestión directa hubiera sido una mejor opción, y confiaron en que, con estos incumplimientos en la mano, la Diputación pudiera romper su acuerdo con Quavitae. El PNV advirtió, no obstante, de que esta vía resultaría "muy costosa" para las arcas forales. El acuerdo final, que agrupó a todos los partidos salvo ANV y EB, optó por una decisión severa pero menos drástica: realizar una nueva auditoría.

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