
Viviendas bioclimáticas del barrio de Ibaiondo, génesis del proceso judicial que puede devolver a los juzgados al ex edil de Urbanismo, Jorge Ibarrondo.Foto: aritz garcía
vitoria. El caso Ibaiondo continúa completando sus etapas legales en los juzgados de Vitoria, un día más, con sorpresas. Ayer, Ana Aguirre, directora de la Agencia de Renovación Urbana, compareció ante la magistrada responsable del proceso, a petición de la acusación particular sustentada por PNV, EA y EB. De su declaración volvieron a desprenderse nuevas contradicciones en el testimonio de Antón Sáenz de Santamaría, ex director de Urbanismo y único imputado por ahora en el caso, ante el mismo tribunal respecto a una supuesta nota informativa, sin valor, que autorizó el sobreprecio de 54.000 euros en los 24 chalés bioclimáticos de Ibaiondo.
Cabe recordar que Sáenz de Santamaría está acusado de los presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y falsedad documental en este proceso, que tras la jornada de ayer puede, incluso, devolver a los juzgados al ex concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, en este caso como testigo. No en vano, Ana Agirre declaró ayer ante la jueza que la Agencia de Renovación Urbana, ente municipal que rige la expansión urbana de la capital, consideró vinculante esa nota supuestamente sin valor porque así lo dijo el propio Jorge Ibarrondo. Sáenz de Santamaría, en su día, había declarado que ese documento se trataba de una simple "nota informativa" y en ningún momento implicó a Ibarrondo en su declaración al respecto.
Ayer, Ana Aguirre aclaró que esa polémica nota cobró calidad de actuación administrativa y, por ende, efectos jurídicos que derivaron en la aprobación de los nuevos precios, 54.000 euros más caros que los inicialmente dictados por el Pleno municipal.
La directora de la Agencia de Renovación Urbana argumentó ayer ante la jueza que desconocía si Antón Sáenz de Santamaría tenía competencia para emitir esa nota que permitía el sobrecoste, pero que la consideró vinculante y no dudó en darla por buena porque se lo había dicho Ibarrondo y, además, estaba firmada por el propio Sáenz de Santamaría. A raíz de que la parte política fijó los precios definitivos de los chalés, Aguirre hizo los trámites habituales a los mandos de la Agencia.
Por otra parte, Ana Aguirre declaró ante la magistrada que existe una grabación de una reunión que mantuvo el consejo de la Agencia de Renovación, en la que, según dijo en su día el propio ex director de Urbanismo, se había autorizado la elevación de precio que dicto él. No obstante, y aunque muy probablemente se requerirá esa grabación a Ana Aguirre, fuentes de la fiscalía consideran que no se obtendrá información relevante de ella porque nada de lo que declaró en su día Santamaría aparecía en el acta de dicha reunión.
Fiscalía y acusación particular decidirán la próxima semana si llaman a declarar como testigo en este caso a Jorge Ibarrondo, que también está envuelto -en este caso como acusado- en el juicio sobre la edificación de los chalés de Ali.
Respecto a este caso, ayer estaba citado en los juzgados el técnico municipal Alfredo Bengoa, para arrojar luz sobre la construcción de siete casas unifamiliares en una parcela donde, en principio, sólo estaba previsto levantar seis. Bengoa se limitó a declarar que desconocía el procedimiento de este caso y se desmarcó de él sin aportar nada nuevo.
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