Diario de Noticias de Álava

El presidente de Caja Vital pone en tela de juicio el sistema para adjudicar VPO

vitalquiler solicita poder aplicar sus propios criterios

Gregorio Rojo considera que "los jóvenes no deben seguir siendo bolitas con números en el bombo de un sorteo"

vitoria. "Los derechos no se sortean". Hasta ahora, este era un lema de los colectivos más críticos con la política de vivienda del Gobierno Vasco. Ahora, el presidente de Caja Vital se ha sumado a la proclama. Gregorio Rojo puso ayer en tela de juicio el sistema de adjudicación de Etxebide, dado que, a su juicio, "no practica ninguna política selectiva". Por ello, considera necesario que la entidad alavesa pueda aplicar sus propios criterios de selección en el programa Vitalquiler, que entró ayer en su recta final con la próxima entrega de 152 viviendas para jóvenes de entre 18 y 35 años en Zabalgana.

Con esta última promoción, los pisos alquilados por Caja Vital suman ya 732, a los que se añadirán otros 249 a comienzos de 2009. Los inquilinos son, en su mayoría, parejas jóvenes con una edad media de 30 años y unos ingresos que rondan los 13.700 euros anuales. Pagan, de media, 315 euros al mes durante un periodo máximo de cinco años -prorrogables a otros cinco-. Según Rojo, "serán más de 7.000" los alaveses que podrán disfrutar transitoriamente de una de estas viviendas. Sin embargo, el presidente de la entidad lamentó ayer que estos jóvenes "sigan siendo bolitas con números en el bombo de un sorteo". En este sentido, criticó que la adjudicación corresponda por ley a Etxebide, sociedad dependiente del Gobierno Vasco, que las entrega mediante sorteo y, a su entender, no practica ninguna política selectiva o de discriminación positiva. "Con unos criterios propios, Vitalquiler garantizaría una mayor rapidez en las entregas y, sobre todo, ofrecería a cada joven la vivienda más adecuada a sus necesidades", aseguró.

Asimismo, el presidente de Caja Vital denunció que de una muestra de 324 adjudicatarios remitidos por Etxebide, Vitalquiler sólo ha podido informar a 177 personas -el 55%-, con un porcentaje de éxito del 30%. En este sentido, resaltó que nueve de cada diez renuncias se debe a que el agraciado ya tenía un piso en propiedad o residía en una vivienda protegida en alquiler; también ha habido casos en los que el adjudicatario se había trasladado fuera de Vitoria o estaba ilocalizable.

Todo apunta a que las declaraciones del presidente de la entidad alavesa tendrán pronto su réplica. La polémica está servida.

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