
Varios vecinos de Alegría conversan ante la fachada del Ayuntamiento.Foto: e.s.p.
vitoria. La trayectoria laboral de Laura D., auxiliar de biblioteca del Ayuntamiento de Alegría, discurría plácidamente hasta que tres menores usuarios de este servicio municipal se cruzaron en su camino y se dedicaron a hacerle la vida imposible. Amenazas, golpes e incluso una agresión sexual convirtieron su lugar de trabajo en una auténtica pesadilla, ya que las continuas denuncias que interponía se saldaban con trabajos de educación impuestos por el Juzgado de Menores de Álava. Los incidentes continuaron hasta que el Consistorio tomó cartas en el asunto y contrató a un vigilante jurado para garantizar la seguridad de su trabajadora, y se reactivaron después de que, seis meses después, el alcalde decidiera prescindir de este elemento de seguridad. Ahora, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la empleada municipal, considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales y condena al Ayuntamiento a rescindir su contrato y a indemnizarla con 6.194 euros.
La primera señal de que las cosas comenzaban a torcerse llegó el 18 de enero de 2004. Laura D., única trabajadora de la biblioteca, sufrió amenazas por parte de uno de los menores que acudía regularmente al centro y presentó la correspondiente denuncia. El Juzgado de Menores obligó al menor a cumplir trabajos de educación. El 18 de febrero los hechos se agravaron. La auxiliar de biblioteca sufrió una agresión sexual consistente en diversos tocamientos por parte de otro menor. Aunque Laura no dudó en denunciar los hechos, las diligencias se archivaron por ser éste menor de 14 años. Como resultado de lo sucedido, la trabajadora tuvo que estar de baja seis días aquejada de un cuadro de estrés agudo.
La situación llevó a esta mujer a solicitar ayuda al alcalde de Alegría quien, tras recibir varios escritos, resolvió contratar a un vigilante jurado en febrero de 2004. En julio, ante la ausencia de nuevos ataques, el alcalde ordenó su retirada a pesar de que la delegada sindical de ELA en el Consistorio le solicito, en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que no lo hiciera.
La auxiliar de biblioteca regresó a su puesto de trabajo el 14 de septiembre sin la presencia del agente de seguridad y la normalidad fue la tónica habitual hasta el 30 de noviembre. En esa fecha, cuando Laura se disponía a entrar en el edificio de la biblioteca, a las 16.15 horas, recibió en el cuerpo el impacto de un perdigón. Inmediatamente se desplazó al servicio de urgencias del Hospital de Santiago, donde se le diagnosticó tumefacción, equimosis y dolor en la zona afectada. A partir de ese día, Laura D. inició tratamiento con una psicóloga clínica a causa de un "trastorno por estrés postraumático" y el 21 de diciembre tramitó una nueva denuncia, esta vez ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Álava.
Después de que la solicitud de extinción del contrato superase diversas etapas legales ante diferentes instancias judiciales, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha entendido que Laura D. tiene derecho a ser indemnizada "por daño moral" por 6.194 euros que deberán ser abonados por el Ayuntamiento del municipio alavés de Alegría.
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