
Cientos de personas salieron a la calle para protestar contra el "urbanismo salvaje" que, a su juicio, se da en Labastida.Foto: aritz García
labastida.Labastida no se vende . Con proclamas como ésta, cerca de medio millar de manifestantes gritaron ayer con una sola voz en las calles de la villa riojanoalavesa -que apenas supera los mil habitantes- en contra del proyecto urbanístico que amenaza con acabar con parte de la riqueza natural de la localidad. A ellos el proyecto Golf&Wine, que prevé la construcción de hasta 750 viviendas y un complejo de golf en las faldas del significativo monte Toloño, no les ha engatusado porque, según advirtieron, "no se trata de una lucha contra un campo deportivo, sino que es, sobre todo, una batalla contra el urbanismo salvaje".
Es decir, Labastida asistió ayer a una escenificación de un frente contra un proyecto que contempla urbanizaciones repletas de unifamiliares en un terreno rural de gran calidad ecológica. La marcha, convocada por la plataforma Torrolate -fundada con el objetivo de preservar el entorno del Toloño-, fue secundada por EB, Aralar y ANV. Sin embargo, los vecinos asistentes a la protesta expresaron con firmeza que no persiguen una guerra de siglas. Por eso, invitaron a PP y a PNV -ambos han votado conjuntamente para forzar al primer edil de Labastida a delegar la representación de la villa en temas relacionados con el proyecto urbanístico en Iñaki Gil Orive (PP), uno de los promotores de la iniciativa inmobiliaria en la anterior legislatura, cuando fue alcalde- a que "dejen de mirar para otro lado".
"Dad la palabra a Labastida", exigió la manifestación que partió a las 17.00 horas de la plaza de la localidad con la presencia significativa de personalidades políticas de gran calado. Entre ellas, la del actual alcalde de la localidad, Higinio Arinas (EB). Éste expresó así, con su presencia -única manera en que puede oponerse al golf tras ser relegado por populares y jeltzales-, su rechazo al polémico proyecto constructivo, ya que ahora ya no puede participar en los foros oficiales de discusión sobre el particular, como en la Comisión vasca de Ordenación del Territorio y en la Comisión provincial de Urbanismo.
El caso es que sólo PP y PNV quedaron al margen de la protesta vecinal, que fue respaldada por el diputado de Medio Ambiente de la Diputación alavesa, Mikel Mintegi (EA), por el titular foral de la cartera de Juventud, Javier Aspuru (Aralar), por el procurador José Miguel Fernández (EB) y por Iñaki Aldekoa, juntero de Aralar. Se sumaron también a la marcha Javier Medel, edil de Labastida, y Manuel Hernández, concejal de San Millán (ambos de EB). Las proclamas contaron también con el apoyo de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA) y de la asociación ordiziarra Oiangu Parkea Bizirik. Asimismo, en la marcha estuvieron (simbólicamente) las más de 2.500 personas que han firmado contra el proyecto urbanístico.
Contra la recalificación "Pegaba el cierzo", comentaba algún espontáneo. No obstante, un ocaso digno de ser retratado envolvió las rotundas reivindicaciones: "Luchamos contra la recalificación urbanística del monte Toloño y su entorno. Luchamos contra la especulación inmobiliaria", explicó la plataforma Torrolate al final de la marcha. Eso sí, los vecinos congregados advirtieron a los representantes institucionales de que las buenas palabras no son suficientes. "Palabras y gestos los tenemos. Tenemos incluso todos los informes a nuestro favor; lo que queremos es una actuación conjunta, coordinada y eficaz", aclararon.
Sea como fuere, lo cierto es que el plan sufrió un primer revés el pasado agosto, cuando se dio a conocer que el estudio de impacto ambiental tildaba de "inasumible" el proyecto, que vio la luz cuando el PP gobernaba la Diputación. En noviembre, el plan recibió otro paso atrás tras un encontronazo con la Ley foral de Montes. Al respecto, la diputada de Agricultura, Estefanía Beltrán de Heredia, se comprometió -tras ser interpelada por ANV- a "garantizar la protección jurídica de la zona". Asimismo, Torrolate asevera que el proyecto incumple parte del Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa, ya que invade zonas protegidas. El diseño tampoco respetaba las exigencias del marco arqueológico, por lo que el gobierno foral exigió a los promotores la redacción de un nuevo plan.
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