
Peio López de Munain guía a los presos en la visita al Ayuntamiento.
P erdona si me trabo al hablar. Estoy aquí como portavoz de un montón de compañeros, ¿sabes? Es una oportunidad que me han dado y estoy un poco nervioso". Lo dice Benaissa, un preso de la cárcel de Nanclares, que con 19 compañeros más visitó ayer el Ayuntamiento de Vitoria. El concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, les guió por el Consistorio y les invitó a sentarse en los asientos del Pleno. Aprovechó para explicarles, entre otras cosas, que en el pleno también pueden comparecer ciudadanos a través del uso del llamado "turno popular" y que el sistema electrónico de votación que cuelga de una de las paredes no se utiliza porque está mal hecho. Ellos intentaron explicarle a él otras cosas. "Un compañero mío está terminal. El juez le ha dado autorización para morir dignamente fuera de la cárcel, pero no hay plazas para él en ningún piso de acogida. Necesitamos más ayuda", denunciaba Quique, otro de los reclusos de Nanclares.
En todo el País Vasco sólo hay tres plazas para excarcelar a presos terminales. "Hay un déficit enorme de recursos externos para poder atenderles. Ya hace cinco años había 50 internos que, si hubiesen tenido sitio, habrían salido de Nanclares. Pero parece que no tienen derecho ni a salir a la calle a morir con dignidad", desvela Miguel Ángel Ruiz, coordinador de la Comisión de Ciudadanos Antisida en Álava. También advierte de asuntos de denuncia de derechos humanos y temas de salud que no se pueden tolerar en un penal de alta seguridad que acoge a más de 500 reos.
Los presos, por su parte, están más preocupados por lo que queda fuera de la cárcel que por lo que falta dentro. "Es muy difícil encontrar trabajo y los programas de reinserción no son suficiente. Sales y cobras 30 euros al mes en un taller. Así es fácil estar tentado a hacer muchas tonterías", confiesa Benaissa. Aunque parece que él, al final, ha tenido suerte. Después de mucho buscar, trabaja como montador de andamios ahora que está en régimen abierto de tercer grado. El reto, según Quique, es de toda la sociedad: "Esto es un mal de todos. Pero no se trata de buscar culpables, sino de dar alternativas. Dicen que no hay dinero institucional para cubrir nuestras demandas al cien por cien. Pero si yo no salgo reinsertado y adaptado a las necesidades sociales y evolutivas, volveré a caer y seré un coste otra vez".
Abdarraman, natural de Bélgica, lleva en Nanclares año y ocho meses. Le condenaron por tráfico de drogas y ahora lucha por la condicional: "Lo único que quiero es salir de la cárcel, volver a mi país, casarme y formar una familia", asegura sin perder la esperanza.
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