Diario de Noticias de Álava

El juez detecta también presunta prevaricación del ex director de Urbanismo en el caso Ibaiondo

sáenz de santa maríaserá investigado por este delito y por falsedad documental

Existen indicios de que permitió a la empresa Opacua elevar el precio de 24 chalés y obtener un beneficio "injustificado"

vitoria. El ex concejal de Urbanismo de Vitoria, Jorge Ibarrondo, no será el único que pase por los juzgados de la capital alavesa en calidad de imputado por presuntas irregularidades cometidas en su departamento durante el gobierno local del PP. Su mano derecha a lo largo del mandato, Antón Sáenz de Santa María, director del área, también deberá ofrecer explicaciones, esta vez ante el juzgado de instrucción número uno, después de que el magistrado admitiera a trámite la denuncia formulada por la Fiscalía que le acusa de dos presuntos delitos: prevaricación y falsedad documental en el caso Ibaiondo.

El reguero de pólvora que el fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre, prendió el pasado 16 de octubre con la presentación de su informe sobre las supuestas irregularidades cometidas en Ali e Ibaiondo, avanza inexorablemente y su más que probable estallido amenaza con tambalear los cimientos de la que fuera plaza fuerte del gobierno de Alonso y fuente inagotable de polémica durante la última legislatura municipal.

Primero le llegó el turno al juzgado de instrucción número dos, a donde fue a parar la denuncia contra Ibarrondo por presunta prevaricación al permitir a la promotora Salgado Iglesias encajar con calzador siete chalés en una parcela donde, con la ley en la mano, sólo cabían seis. Ayer le tocó pronunciarse al magistrado del juzgado de instrucción número uno, quien siguió los pasos de su colega y dio por buenos los principios inculpatorios detectados por Izaguirre, esta vez con el caso Ibaiondo como telón de fondo.

La acción, en esta ocasión, arrancó en 2003, discurrió en Ibaiondo y el hilo argumental que sustenta el drama es que, tal y como señala el fiscal en su escrito acusatorio, se sospecha "que por parte del Ayuntamiento se benefició de manera irregular a una empresa privada, en este caso, a la entidad mercantil Opacua S.A.".

El protagonista indiscutible del segundo capítulo judicial que integra la trilogía gestada en el seno de la comisión municipal de investigación de irregularidades urbanísticas -Ali, Ibaiondo y "otros asuntos"-, es el ex director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, cesado en su cargo por el nuevo gabinete Lazcoz y transferido de vuelta a su puesto primigenio en Función Pública.

La oscura trama de Ibaiondo dio comienzo en 2003 con la decisión municipal de fijar el precio de cada uno de los 24 chalés en "el módulo de VPO incrementado en un 75% con el precio de las instalaciones bioclimáticas que supone un aumento del precio de cada vivienda de 54.091 euros". Lo que parecía evidente se tornó en un juego de sombras cuando Opacua, adjudicataria de las obras, aseguró que el coste de las obras no se había confirmado, algo que la Fiscalía concluye que "no se corresponde con la realidad". Sáenz de Santa María reaccionó con inusual celeridad y en sólo 24 horas emitió una nota informativa que, de nuevo bajo el punto de vista de la Fiscalía, faltaba a la verdad, ya que aseguró que en el precio ofrecido no se hallaba incluido el coste del equipamiento bioclimático. En resumen, que a los compradores de las viviendas les tocó pagar dos veces por los elementos ecológicos de los chalés y que la promotora se embolsó 1.296.000 euros de beneficio "injustificado" y "desorbitado", según Izaguirre.

Tras repasar lo sucedido, la Fiscalía alertó al juez de que "existen elementos para poder incardinar esa nota en el ámbito de protección del delito del artículo 404", ya que "fue la que fundó toda la actuación posterior". Además, agrega "la posible comisión de un delito de falsedad documental", pues el sobreprecio indicado en la nota "falta a la realidad". En cuanto a la génesis del documento, el fiscal jefe es tajante: "No cabe la más mínima duda de que el autor de la nota era el director de Urbanismo".

Como sucediera en el caso Ali, los letrados de PNV, EB y EA se personarán como acusación particular.

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