
madrid. El Gobierno estudia una respuesta a la situación creada en el Tribunal Constitucional (TC) tras la actuación del sector conservador de este órgano, que ha logrado apartar a la presidenta, María Emilia Casas (progresista), del pleno que deliberará un recurso del PP contra su continuidad al frente de la institución. Una maniobra que el resto de los partidos han interpretado como una señal de la "politización" del TC.
De prosperar el recurso del PP, será un Alto Tribunal bajo control conservador el que tenga que dirimir recursos del PP contra el Estatut y leyes emblemáticas como la del matrimonio homosexual o la de Igualdad.
La intervención del Ejecutivo para "reorientar" la situación del TC había sido reclamada por la Generalitat de Cataluña, preocupada por el futuro de los recursos contra el Estatut, mientras que el resto de los partidos de la izquierda y del nacionalismo hablaban de "jugada inmoral" y calificaban al tribunal de "más político que judicial". Sólo el PP consideró que el Alto Tribunal ha actuado "en derecho" y que sus magistrados, en palabras del líder de la oposición, Mariano Rajoy, "son juristas y no personas de partido".
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que la Abogacía del Estado estudiará la recusación de dos magistrados del TC adscritos al sector conservador después de que éste hiciera uso el jueves del voto de calidad para arrinconar a la presidenta.
Tanto Casas como el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, manifestaron su voluntad de no participar en las deliberaciones de ese recurso, ya que uno de los artículos de la ley impugnados por el PP prevé la prórroga automática de sus mandatos -que en su caso concluían el pasado 30 de junio- hasta la siguiente renovación del tribunal.
abstención de casas El ponente del recurso, el progresista Pablo Pérez Tremps, redactó un auto en el que no se aceptaban las abstenciones, pero sólo obtuvo el apoyo de los cuatro magistrados de su sector, mientras que los cinco conservadores se opusieron. El empate se resolvió a favor de estos últimos cuando el presidente accidental del pleno, Vicente Conde, decidió hacer uso de su voto de calidad. Si la situación se repite el 8 de octubre, cuando el pleno votará un nuevo auto en el que sí se aceptan las abstenciones de Casas y Jiménez, estos quedarán definitivamente fuera de las deliberaciones. Serán entonces los conservadores, empatados en votos con los progresistas, los que tengan la última palabra sobre el recurso del PP gracias al voto de calidad.
Ante esta situación, Bermejo anunció que no descarta recusar a dos magistrados conservadores, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, quienes el pasado mes de junio cuestionaron la legitimidad de la presidenta y su mandato en un escrito dirigido al tribunal.
contaminación judicial Bermejo anunció que el Gobierno actuará "si hay indicios de que algún magistrado del Constitucional está contaminado y no presenta la necesaria imparcialidad". La recusación de García Calvo y Rodríguez Zapata devolvería al sector progresista la mayoría, aun sin la presencia de la presidenta.
La intervención del Gobierno fue reclamada ayer mismo por el consejero catalán Joan Saura, que le instó a tomar medidas para "reorientar" la situación. Por su parte, el portavoz de ICV en el Parlamento catalán, Jaume Bosch, denunció la "jugada inmoral" y la "falta de ética del sector conservador", mientras que desde ERC, Agustí Cerdá dijo que este órgano es "cada vez es más un tribunal político que judicial".
Mientras tanto, el líder de CiU, Artur Mas, habló de la "desconfianza" que genera el TC y consideró que la situación justifica aún más la convocatoria de un nuevo referéndum sobre el Estatut si el tribunal lo recorta, opinión que compartió el líder de ERC, Josep Lluis Carod.
Más moderado, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido, aseguró sobre el Constitucional que, "sus decisiones, serán respetadas" y achacó la situación a la inadecuada regulación de las abstenciones y recusaciones. >agencias
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