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Martes, 12 de junio de 2007

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Autonomías, el poder compartido

Adolfo Suárez, junto a los diputados salidos de las primeras elecciones libres.Foto: efe

LENTA , pero imparable. Así ha sido la evolución del Estado de las Autonomías durante los 30 años que han transcurrido desde las primeras elecciones democráticas hasta la fecha, un tiempo tras el que asuntos como la sanidad o la educación no dependen ya sólo de la administración del Estado, sino de otras 17.

Cuando los ciudadanos participaron en las primeras elecciones tras la caída del franquismo, el 15 de junio de 1977, difícilmente podían imaginarse que tres décadas más tarde el funcionamiento del hospital más próximo o del instituto del barrio dependería del gobierno autonómico correspondiente, y no de la monolítica estructura del Estado que los españoles heredaron de la dictadura. Durante tres décadas el proceso hacia la consolidación de las autonomías ha tenido que sortear miles de obstáculos, como los conflictos competenciales que recurrentemente han enfrentado al Estado y a las administraciones autonómicas.

Actualmente, el Estado absorbe el 47% del gasto y las comunidades autónomas, el 40, algo impensable hace 30 años. Las corporaciones locales, por su parte, sólo representan el 13% restante y siguen siendo la asignatura pendiente de la estructura territorial. A medida que menguaba la capacidad de la administración general del Estado para gestionar competencias, ha ido engordando, mediante sucesivos traspasos desde 1978, la de las comunidades autónomas, que han asumido cerca de 2.000 servicios en 30 años. Entre ellos, además de la sanidad y la educación (claramente las competencias que más gasto suponen debido al incremento de la población) las autonomías gestionan también los servicios sociales, determinadas infraestructuras de transporte o la agricultura, por citar sólo algunas.

Incluso la seguridad se ha dejado llevar por este proceso y la mayoría de las comunidades autónomas piden su propio cuerpo de Policía que complemente a los tradicionales tricornios de la Guardia Civil y los uniformes azules de la Policía Nacional. El engranaje resulta cada vez más similar al de un Estado federal. Así lo certifica, además, el número de funcionarios al servicio de la administración autonómica: 1.227.708 empleados públicos (49%) por los 550.136 (22,4%) al servicio de la administración central.

Ese "adelgazamiento" de la burocracia centralista dio paso también a un cambio en la que representaba al Estado en cada provincia. El gobernador civil, figura con claras connotaciones franquistas , fue reemplazado por el delegado y el subdelegado del Gobierno.

Hasta la paulatina partición de la administración única en ventanillas autonómicas y locales, hay en medio un largo recorrido que comenzó con la propia Constitución, cuyo artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran "la indisoluble unidad de España".

La diferencia en el modo de consecución de la autonomía entre la llamadavía rápida , que regula el artículo 151 de la Carta Magna y se refiere a Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía y la vía lenta , que constata el artículo 143, no frenó los anhelos de cada una de las 17 regiones españolas, que en diez años transformaron el mapa del Estado.

estado autonómico

De una a diecisiete

Superada la fase de las llamadas Preautonomías, lo que requirió arduas negociaciones, los primeros estatutos comenzaron a publicarse en el BOE en diciembre de 1979 y siguieron este orden: Cataluña, Euskadi, Galicia (1981) y Andalucía (1982). Durante este último año se aprobaron los de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra.

Las últimas en llegar, todas en 1983, fueron Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León. Ceuta y Melilla lograron sus estatutos por Ley Orgánica en marzo de 1995.

La necesidad de más autogobierno, o de asumir más competencias, se tradujo en diferentes pactos entre los principales partidos, PSOE y PP, con el fin de pacificar los intereses entre administraciones. Así sucedió con la LOAPA, si bien, al no contar con el plácet de los partidos nacionalistas, fue objeto de múltiples recursos de inconstitucionalidad, hasta tal extremo que el TC resolvió invalidar 14 de los 28 artículos de la Ley. Éste se ha convertido en uno de los principales obstáculos que ha debido superar el desarrollo autonómico; de hecho, en 1985 ante el alto tribunal se presentaron 131 recursos por conflictos competenciales.

Dicha conflictividad empezó a amainar en 1992 a raíz del Pacto autonómico que en ese año suscribieron el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, y el líder de la oposición, José María Aznar. Con dicho acuerdo se dibujó un mapa competencial nuevo que incluyó la gestión de la sanidad y de la educación por las comunidades autónomas, excepto Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía, que ya contaban con ellas, por lo que once estatutos tuvieron que reformarse.

Tras las dos legislaturas del PP, que cristalizaron en nuevos sistemas de financiación, el Estado autonómico se enfrenta en la actualidad al reto de desarrollar aún más el modelo territorial, lo que significa nuevos estatutos, más competencias, más autogobierno de las comunidades autónomas. Hasta la fecha han aprobado sus nuevos estatutos Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón, y esperan turno Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

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el camino: Dos vías, un único final. La diferencia entre la llamadavía rápida , que regula el artículo 151 de la Carta Magna y se refiere a Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía y la vía lenta , que constata el artículo 143, no frenó los anhelos de las 17 regiones.
la cifra: 2.000 lServicios. Asumidos por las comunidades autónomas que antes correspondían al Estado.
Futuro. Hasta la fecha han aprobado sus nuevos estatutos Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón. Esperan su turno Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

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