
La responsable de un centro de acogida en Álava observa a varios usuarios.Foto: aritz garcía
vitoria. El Consejo de Diputados aprobó ayer el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la dependencia. Esta maniobra supone el pistoletazo de salida para que, a partir de hoy, la Diputación inicie los procesos de valoración del grado de dependencia de los alaveses que así lo soliciten, para que puedan beneficiarse de la Ley de Promoción de la Autonomía -la consabida Ley de la Dependencia-, aprobada el pasado 14 de diciembre en Madrid. La Diputación calcula que unos 2.764 alaveses pueden optar a estos servicios.
Sin embargo, desde Álava adelantaron que este sistema arranca "cojo", pues consideran que, a pesar de que el Ejecutivo foral "ha hecho sus deberes", no se puede decir lo mismo del Gobierno central: todavía no se podrá facilitar información a los interesados sobre la compatibilidad de estos servicios con otros, las intensidades de protección de estos recursos, la participación de los usuarios en el copago y la cuantía de las ayudas.
La diputada foral de Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica, afirmó que la Diputación ha trabajado "cuando la han dejado", y lamentó que no pueda haber más novedades sobre esta cuestión ya que desde Madrid únicamente se ha aprobado -este mismo mes- el baremo para valorar los grados de dependencia.
La decisión de ayer del Ejecutivo foral es una consecuencia de la fijación de estos criterios estatales. El sistema de la Dependencia, que se pondrá en marcha de forma progresiva en el Estado hasta 2015, se reserva este año a las personas con una gran dependencia. Es decir, quienes necesitan un apoyo permanente para desarrollar las actividades de su vida diaria. Según el Mapa de Necesidades Sociales, unos 2.764 alaveses se engloban en este grado.
Domaica remarcó que la provincia "está preparada" para hacer frente a la Ley de Dependencia. Es más, afirmó que ésta parece haberse diseñado "siguiendo el modelo alavés", puesto que no conlleva grandes novedades en servicios para el territorio. La diputada defendió que la ley es un hito, pero que se ha desarrollado "con prisas" y sin escuchar la voz de los organismos competentes en Asuntos Sociales.
aumenta la plantilla Por lo demás, adelantó que la Diputación ya ha quintuplicado el número de valoradores de la dependencia, un equipo multidisciplinar que servirá para agilizar el proceso que ya está en marcha.
En concreto, este sistema comienza en el momento en el que la persona interesada solicita a la institución foral -en el Servicio Social de Base del municipio en el que resida el solicitante; si es en Vitoria, en la Oficina de Información y Atención Social o en el Centro de Orientación y Valoración- que determine su nivel de dependencia. En cualquier caso, la Diputación adelantó que informará por carta sobre estas cuestiones a todas aquellas personas de cuya dependencia ya tienen constancia los servicios sociales.
Quien formalice la solicitud -quien desee acceder al recurso social demandado, quien tenga atribuida su representación o ejerza su guarda de hecho- debe presentar, entre otros documentos, una fotocopia del DNI, un informe de salud y el certificado de empadronamiento. La novedad de este sistema de reconocimiento de la dependencia radica en que el personal técnico ahora se desplazará hasta el domicilio del solicitante para realizar la valoración.
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