Diario de Noticias de Álava

Agentes sociales critican el plan de vivienda de Madrazo por "electoralista e inaplicable"

censuran que la información facilitada a los colectivos es "parcial" y "sesgada"

Destacan que Lakua debería promover sólo alquileres y ofrecerlos a todos, sin exclusiones por razón de ingresos

vitoria. El anteproyecto que elabora el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y que pretende garantizar a los ciudadanos vascos el derecho a la vivienda a través de alquileres sociales que no representen más de un 30% de sus ingresos, comienza a hacer aguas desde su fase de preparación. Los agentes sociales, cuyo apoyo resultará imprescindible para transformar el borrador en ley, se han apresurado a rechazar el plan y a tachar la iniciativa de Javier Madrazo de "electoralista" e "inviable".

Tanto Carlos Martínez, portavoz del colectivo contra la exclusión social Elkartzen, como Igor Mera, responsable del sindicato ESK, representante de la Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi y miembro del Consejo de la Juventud de Euskadi, y Jaime Rubias, presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Álava, denunciaron que ninguna de las asociaciones a las que representan ni cualquier otra de las que habitualmente trabajan con ellos han recibido copia del polémico borrador de la Ley de Vivienda. De hecho, Mera aseguró que incluso existen grupos parlamentarios que le han solicitado el documento porque desconocen por completo su contenido.

"Es muy poco serio que se dé a conocer un sólo artículo de la ley, de forma sesgada y sin presentarlo a los agentes sociales, sobre todo si tenemos en cuenta que nos encontramos en precampaña", lamentó Martínez.

Uno de los reproches que más se le han dirigido al consejero de Vivienda ha sido el de "electoralista". "Se trata de una nueva burrada imposible de financiar y con el único objetivo de arrancar unos cuantos votos de incautos", aseguró Jaime Rubias, airado ante lo que considera "una auténtica tomadura de pelo".

Mientras el representante de Elkartzen piensa que la iniciativa de Lakua constituye "una barbaridad para las arcas públicas que no va a contar de ninguna manera con el apoyo de los ayuntamientos", el presidente de los API arremete contra la "ocurrencia" del consejero y se pregunta "si Madrazo quiere que el dinero que pagamos de impuestos vaya en exclusiva a costear sus gilipolleces". "¿Qué pretende, que paguemos 1.500 euros anuales de basuras y 3.000 de IBI para que él disponga de presupuesto, que nadie reciba un duro en devoluciones de la Renta nunca más?", cuestionó.

Martínez, más contenido, incidió en las "lagunas" que ya apunta el borrador del Gobierno Vasco. "No queda claro si la garantía se hace efectiva a partir de 2007 o de 2012, no explica si las 19.160 viviendas que propone destinar al plan en 2009 son todas nuevas o si incluye las ya ejecutadas, no explica qué piensa hacer con las viviendas vacías de la CAPV y sigue apostando por las VPO en propiedad", indicó. "Esto de momento. Cuando dispongamos de la comunicación oficial seguro que tendremos más críticas", agregó.

Tanto Rubias como el portavoz de Elkartzen criticaron el segmento de población al que se dirige la propuesta -ciudadanos con ingresos comprendidos entre 3.000 y 43.000 euros anuales-, aunque cada uno de ellos por razones diferentes. "Si quiere aplicar un modelo de auténticas respuestas sociales no debe establecer límites mínimos, sobre todo porque ésta es la gente que más lo necesita", indicó Martínez.

"No es lógico que alguien que gana 43.000 euros al año, más de 7 millones de pesetas, reciba ayudas sociales. Es una salvajada", replicó Rubias. En lo que sí coinciden todos los grupos consultados es en que, si realmente persigue un fin social, el Departamento vasco de Vivienda debería promover sólo viviendas en alquiler.

alternativa Igor Mera, por su parte, presentó ayer en representación del sindicato ESK sus reflexiones sobre el derecho a la vivienda alternativas a la propuesta de Madrazo. A través de un informe, el portavoz sindical desgranó sus propuestas que, al igual que el Departamento de Vivienda, persiguen instaurar una tutela judicial sobre el derecho universal a la vivienda y que, por lo tanto, sea exigible su cumplimiento ante los tribunales.

No obstante, ESK aboga por extender sus beneficios a toda la población, "esté o no empadronada e ingrese el dinero que ingrese". Para hacer viable la propuesta, defiende que las instituciones expropien las viviendas vacías, comenzando por las que son propiedad de bancos, cajas de ahorro, iglesia y grandes empresas.

En caso necesario, propone continuar con las pertenecientes a las familias que, por herencia, disponen de bienes inmuebles que no emplean. Mera también se mostró disconforme con el porcentaje propuesto y planteó que los ciudadanos paguen, en función de su sueldo, alquileres que supongan entre el 10 y el 30% de sus ingresos.

Para aplicar sus iniciativas, el representante de ESK subrayó que habrá que desarrollar una profunda labor pedagógica. "Cuando hablamos de expropiaciones saltan las alarmas, pero cuando explicamos a las familias que sus hijos lo van a pasar mal para encontrar dónde vivir, lo entienden", señaló.

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