Diario de Noticias de Álava

La edil y Ron alegan que DSS "jamás ha sido adjudicataria" en concurso público

las adjudicaciones no pasaron por mesa de contratación y fueron contratos directos

La empresa del marido de la concejal fue vendida después de que fuera excluida de trabajar con la Administración

VITORIA. La concejala de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, y su esposo, Javier Ron, alegan que los contratos que el Ayuntamiento de Vitoria firmó entre 2003 y 2004 con la empresa Digital Security Soluctions, a la sazón participada y dirigida por el segundo, no fueron firmados directamente por la edil, ni pasaron por la Mesa de Contratación que ella presidía, como principales argumentos para poder sostener que este órgano "jamás ha adjudicado ningún contrato a DSS".

Lo cierto es que fueron contratos que, al no sobrepasar cada uno de ellos los 3.000 euros de cuantía, fueron adjudicaciones directas que no requerían la convocatoria de un concurso público ni, en consecuencia, tampoco tenían que pasar por la Mesa municipal de Contratación que preside Idoia Garmendia.

Eso le da pie al entonces gerente de DSS, Javier Ron, a sentenciar que esta empresa "no ha sido nunca adjudicataria de ningún contrato por parte de Mesa de Contratación presidida por Idoia Garmendia", como afirma en un requerimiento notarial enviado a este diario. Sin embargo, en su texto obvia en todo momento los numerosos contratos y liquidaciones de facturas -tres de ellas incluso después de que su esposa tomara posesión de una concejalía delegada en el gabinete de Alonso- que suscribió con el Ayuntamiento por la prestación de servicios informáticos, tal y como desveló el martes DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Ron para ofrecerle la opción de aclarar estos extremos, así como las dudas que despiertan las adjudicaciones, aunque el directivo ha rehusado responder, limitándose al citado requerimiento.

El hecho de que estas concesiones no tuvieran que pasar por la Mesa de Contratación no exime a esta relación contractual del régimen de incompatibilidades de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que excluye expresamente a empresas representadas por cónyuges de cargos políticos, una circunstancia que tanto Ron como la propia Garmendia pasan por alto en sus respectivas alegaciones.

Ron apunta asimismo que "tampoco es cierto que sea gerente y accionista de dicha empresa" y añade que "hace más de un año que no tiene vinculación" con la misma, aunque elude el hecho de que sí la representaba entre 2003 y 2004, cuando recibió las adjudicaciones municipales.

A partir de 2005, el Ayuntamiento excluyó a Digital Security Soluctions como posible adjudicataria "por hallarse el representante legal de la empresa incurso en prohibición para contratar con la Administración", como advirtió un informe del propio Consistorio. Posteriormente, Ron se desvinculó, efectivamente, de la empresa e incluso fue vendida por sus socios hace poco más de un año.

sin entrar en el fondo A su vez, la concejala Garmendia solicitó la publicación de una carta [puede leerse íntegramente en esta página] en la que insiste en los mismos argumentos que su marido, igualmente sin entrar en el fondo de la cuestión: DSS fue contratada por el Consistorio en seis ocasiones, por una cuantía que ascendió a casi 40.000 euros en menos de tres años, sin contar con los contratos suscritos con empresas públicas de los que DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA da hoy cuenta [ver página anterior].

El empresario y su esposa defienden la legalidad basándose en que los servicios contratados a DSS no fueron tramitados a través de la Mesa de Contratación, un extremo que publicó este diario respecto a una de las operaciones, pero que más tarde se comprobó que no fue así, puesto que la cuantía de cada una de las facturas permitía sortear ese trámite y posibilitaba la adjudicación directa.

Con ese argumento, consideran "falsa" la literalidad de una parte de la información, aunque obviando que el Gobierno municipal contrató los servicios de la compañía. El hecho de vincular una de las seis concesiones con la Mesa de la Contratación no oculta, por tanto, la existencia de presuntas irregularidades derivadas de la incompatibilidad legal por relación familiar directa.> DNA

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