Diario de Noticias de Álava

La Agencia de Renovación otorgó otros tres contratos a la firma del esposo de Garmendia

todos se liquidaron después de que la edil del pp accediera al gabinete de alfonso alonso

La oposición pedirá un informe a la Secretaría para determinar si el gobierno municipal ha violado la Ley de Contratación

vitoria. El número de contratos que Digital Security Solutions (DSS) -firma que dirigía el marido de la concejala de Medio Ambiente y presidenta de la Mesa de Contratación, Idoia Garmendia-, suscribió con el entramado municipal, aumenta por momentos. Un nuevo documento al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA confirma que la Agencia de Renovación Urbana, organismo público municipal, realizó otras tres contrataciones con DSS posteriores a junio de 2003, fecha en la que la esposa del gerente de la citada empresa pasó a formar parte del gabinete de Alfonso Alonso.

Por todo ello, concejales de la oposición han anunciado, tras conocer el contenido de esta documentación, que solicitarán a la Secretaría del Pleno la preparación de un informe para determinar si el gobierno del PP incurrió en ilegalidad por una presunta nueva violación, a través de la Agencia de Renovación Urbana, de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas.

El caso es que con estas tres adjudicaciones se elevan ya a seis los contratos concedidos por el Ayuntamiento de Vitoria a DSS, acuerdos que son susceptibles de ser investigados como presuntamente irregulares por existir "incompatibilidad" de acuerdo con la normativa vigente. Tal y como sucedía en los casos precedentes, la cuantía de las adjudicaciones es limitada, de manera que ninguno de los contratos destaca en una revisión de las cuentas del organismo municipal.

La primera adjudicación tuvo lugar en agosto de 2003, dos meses después del nombramiento público de Garmendia como concejala. El importe de la factura presentada ascendió a 3.114,60 euros por un concepto de "proyecto de protección de datos". La segunda concesión, realizada el 21 de octubre de 2003 por el mismo servicio, se elevó a 1.792,20 euros. La tercera transacción, que tuvo un importe de 678,60 euros, se formalizó el 15 de diciembre de 2004 en base a una verificación y auditoría de la Ley Orgánica de Protección de Datos. A partir de ese momento, la agencia no volvió a contratar nunca más los servicios de DSS.

Tampoco el Ayuntamiento de Vitoria llevó a efecto ningún contrato con la firma de seguridad informática después del 22 de marzo de 2004. Aproximadamente por esas fechas, la empresa trató de homologar su situación legal para realizar más trabajos municipales pero diversos informes emitidos por el Consistorio señalaron que tal operación era contraria a la legalidad porque el titular de la firma era el esposo de la concejala. A lo largo del primer trimestre de 2006, la empresa fue vendida por sus socios fundadores a un grupo empresarial de Vitoria y trasladó su sede social desde el Parque de Miñano hasta el centro de la capital alavesa.

vinculación incompatible El apartado E del artículo 20 del primer título de la citada normativa establece que "la prohibición (de contratar) alcanza igualmente a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refiere el párrafo anterior (miembros de las administraciones públicas), siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal". De acuerdo con este texto, el concejal del PNV, Iñaki Prusilla, señaló ayer que, en principio, el Ayuntamiento podría haber cometido otra irregularidad casi calcada a las ya denunciadas por la oposición con motivo del primer descubrimiento de tres contrataciones directas del Consistorio a DSS.

El edil nacionalista apuntó que el hecho de que las concesiones se realizasen a través de una empresa municipal podría ser interpretado como un intento de ocultar una "trampa" por parte de los responsables del gobierno municipal.

En cualquier caso, Prusilla señaló que todo apunta a que "no se ha actuado bien" y adelantó que incrementará la ya abultada lista de informes jurídicos solicitada a los servicios legales municipales. "Confiamos que, al tratarse de un órgano independiente, arroje toda la luz necesaria sobre este caso", concluyó.

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