Diario de Noticias de Álava

Álava recupera su memoria al conmemorar el 70 aniversario de los fusilamientos de Azazeta

vitoria. "Para cerrar página, primero hay que leerla y aprender de ella". Dichas palabras, en boca de Lander García, portavoz de Ahaztuak 1936-1977, asociación que promueve la recuperación de la memoria histórica, certifican el sentir de los organizadores del homenaje del próximo sábado en Vitoria. Será un acto sencillo, a la par que emotivo, en la plaza de Los Guardias de la capital alavesa -12.30 horas-. Con él se pretende apuntalar el recuerdo de todos aquellos que perecieron o sufrieron en diversos grados la barbarie de la represión franquista desde que estalló la rebelión militar que generó la Guerra Civil hasta que terminó la dictadura con una transición "en falso" que asistió a episodios puntuales de democracia "discutible". ¿El motivo de la conmemoración? Uno fundamental. El próximo 31 de marzo se cumple el 70 aniversario de los fusilamientos de Azazeta.

Aquellos hechos dejaron a la altura del kilómetro 16 del citado puerto los cadáveres de 16 presos políticos que abrazaban la legalidad republicana. Entre ellos, se encontraba Teodoro González de Zárate, el último alcalde elegido en las urnas antes de José Ángel Cuerda. Las crónicas dicen de él que era un hombre sencillo, tendero de profesión, y responsable de la proclamación de la II República en la capital alavesa.

Ni siquiera su condición de electo por la ciudadanía le salvó de perecer ante los fusiles de falangistas y requetés , conminados a ejecutar a los citados con nocturnidad y sigilo, sin razón y sin motivo, por obra y gracia de una decisión de Emilio Mola, gestor del alzamiento nacional , que pretendía amedrendar a la ciudadanía con actuaciones ejemplares que contuviesen eventuales disidencias en la retaguardia ante el inicio de la ofensiva militar que las tropas fascistas estaban a punto de lanzar en el Frente Norte.

Los hechos son tozudos y certifican lo acaecido aquella noche, pese a los esfuerzos por acallar aquel suceso. Las 16 víctimas, de todos los colores políticos -socialistas, republicanos, libertarios, nacionalistas y sindicalistas-, fueron sacadas del penal de la calle La Paz, cuya superficie hoy está ocupada por un centro comercial. Su delito, a ojos de sus verdugos, residía en respetar la democracia republicana, excusa que entonces se antojó suficiente para obligarles a integrar el colectivo de fusilados que exigía Mola -los planes eran ejecutar a 60 presos políticos para amedrentar la aparición de posibles detractores en la capital-.

Órdenes del general Mola Para satisfacer los requerimientos del gestor del levantamiento, falangistas y carlistas se reunieron el 30 de marzo en la sede de la Hermandad Alavesa para elaborar la macabra lista de la muerte. El primero de ellos murió aquella misma noche. Fue Teodoro Bazán. Era el preludio de lo que sucedería un día después.

Ya el día 31, uno a uno, los 16 fueron sacados de la cárcel por un piquete de falangistas, carlistas y guardias civiles a las órdenes de Bruno Ruiz de Apodaca -quien alardeaba de haber acabado él solo con la vida de 108 personas-, quien luego se convertiría en uno de los puntales de la Policía Armada y de la represión de la dictadura. A todos ellos se les exigió que firmaran un documento en el que constaba que se les ponía en libertad por orden de Joaquín Pelegrín, delegado de Orden Público, rúbrica que, paradójicamente, constituyó su condena de muerte.

Todos fueron maniatados y trasladados en dos camiones a los bosques de Azazeta. Allí murieron y fueron enterrados, no sólo sus cadáveres, sino también su memoria. Y es que la autoridad nacional arguyó la citada orden de libertad para darles por desaparecidos, no por muertos. No obstante, la verdad afloró cuando por mediación del sacerdote Pedro Anitua, los familiares de los fusilados contactaron con el jesuita Recalde, quien fue el elegido para confesar a los ejecutados de Azazeta. Éste guardaba objetos personales y mensajes de despedida de los fusilados.

Éstos no fueron los únicos en caer ante la sinrazón. De hecho, desde agosto de 1936 existe constancia de ejecuciones franquistas en Vitoria, que también tuvieron lugar con posterioridad al hecho del 31 de marzo, aunque nunca en la cuantía de las ejecuciones de aquella fecha, que fue "la punta del iceberg de la estrategia franquista", según García. Y es que el proceder de los sublevados acabó con alrededor de 350 fusilados y con un sinfín de exiliados o sufridores de campos de concentración.

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