Editorial
Anacronismo
Como no podía ser menos por el respeto debido en un Estado de derecho, el Gobierno presidido por el PSOE ha acatado sin reservas la sentencia del Tribunal Constitucional aceptando el despido por parte de la Iglesia de una profesora de Religión en Canarias, por convivir con un hombre tras separarse de su marido. A pesar de ese acatamiento gubernamental, la sentencia ha originado una fuerte polémica entre profesionales del Derecho y en amplios sectores de la sociedad que pensaban formar parte de un Estado aconfesional, en el que paradójicamente es la Iglesia la que nombra y despide a los profesores de Religión pagados por los impuestos de todos. "La Nación Española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación", rezaba el principio segundo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Parecía que cualquier vestigio de este nacionalcatolicismo estaba ya abolido por la Constitución, pero se pone en duda al leer en la sentencia del TC que los profesores de Religión "en las escuelas, incluso las no católicas, destaquen por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana". A los profesores, de cualquier asignatura, debería exigirles conocimiento de la materia y capacidad pedagógica, no ejemplo en su vida privada según patrones morales confesionales. A esos profesores les paga el Estado con los impuestos de todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, y parece anacrónico que sea la Iglesia la que los contrate y pueda despedirlos no por sus conocimientos sino en función de el "testimonio de su vida cristiana". Hay obispos que presionan, y presionan mucho, alertando que el país está "en la antesala del totalitarismo". Su poderosa plataforma mediática parece al servicio de la injuria, la mentira y la desestabilización. El TC no ha podido sustraerse a esta presión y si entre los magistrados que dictaron la sentencia había algún católico practicante, en buena lógica habría que plantearse si no incurrían en incompatibilidad a la hora de decidir sobre el caso. Por menos se ha recusado recientemente a un magistrado en el recurso del PP contra el Estatut.
CONCURSOMontaña
