
La directora de la guardería, durante el juicio.Foto: aritz garcía
vitoria. La absolución a la directora y las dos antiguas cuidadoras de la guardería Primeros Pasos procesadas por un delito de malos tratos a sus alumnos no ha puesto fin al caso. El abogado de la propietaria del centro, Fidel Andrés, estudia ahora interponer una querella por injurias y calumnias contra Clara Campoamor, entidad que ejerció como acusación popular en el juicio, por las declaraciones que realizó a este periódico su presidenta.
Al letrado le parece "inasumible" que Blanca Estrella Ruiz, responsable de una asociación "a priori objetiva", mantenga las acusaciones pese al fallo de la sentencia, "ataque la decisión" del juez y se olvide de mostrar su solidaridad "a los padres de los más de 500 niños del centro que dieron su apoyo a las acusadas sin reclamar ni un solo euro".
El abogado de la directora de la escuela infantil considera "inaudito" que Ruiz sostenga que "desde el segundo día de la vista se comprobó el comportamiento proclive del tribunal a las imputadas". A Andrés le sorprenden las "portentosas facultades cognoscitivas" de la presidenta de Clara Campoamor, que "no acudió" a ninguna de las seis sesiones. Pero lo que considera "gravísimo" de esta mujer es que se atreva a afirmar que el magistrado tomó su resolución "sin argumentos jurídicos", cuando la sentencia dictada consta de de 38 folios.
En ella el juez realizó "un análisis exhaustivo de todas las pruebas y testimonios, informes periciales incluidos", lo que, a juicio de Andrés, invalida la afirmación de Ruiz de que el magistrado "sólo creyó las declaraciones dos funcionarios que no acudieron al juicio". En este sentido, el abogado de la directora matiza que "fueron tres" los trabajadores de la administración pública que dieron su versión en los juzgados, por donde pasaron más de 50 personas.
Entre ellas testificaron la antigua cuidadora que destapó el caso y varias alumnas en prácticas que corroboraron su versión. Andrés insiste en que estudia la posibilidad de interponer una querella contra las chicas, "sin que eso suponga conculcar ningún principio democrático", como defendió Ruiz. El letrado sostiene que las acusadas "han sufrido un auténtico calvario cuyos resultados son ya irreparables, pero eso no significa que no puedan estudiarse actuaciones para hacer valer sus derechos e intentar lavar su honor e imagen".
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