
El tripartito, Aralar y EHAK aprobaron ayer en la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento Vasco un informe que propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por su parte, PSE y PP votaron en contra del dictamen.
Esta proposición de ley presentada por Aralar propone derogar la posibilidad de mantener la incomunicación de los detenidos y la grabación de los interrogatorios. El dictamen deberá ser ratificado próximamente en el pleno del Parlamento y elevado posteriormente al Congreso.
El texto aprobado consta de dos artículos. El primero se refiere a las grabaciones en comisarias y plantea la obligatoriedad de grabar los interrogatorios de los detenidos para "hacer compatible la garantía de sus derechos fundamentales e intimidad, así como la seguridad de los funcionarios intervinientes".
El segundo artículo aboga por la supresión de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal que posibilitan la aplicación del régimen de incomunicación para sospechosos de terrorismo o relación con banda armada.
Los grupos que respaldaron el informe comentaron que "el modo más eficaz para erradicar la tortura consiste en eliminar los espacios y tiempos opacos".
La parlamentaria de Aralar, Ain tzane Ezenarro, respaldó la iniciativa que impulsó su grupo ya que "aumentará las garantías de los detenidos y, por lo tanto, profundizará en las libertades".
Mientras, los grupos parlamentarios del PSE y PP votaron en contra del texto presentado por Aralar.
Según el socialista Rodolfo Ares, "lo que se pretende es modificar una gran parte de la legislación antiterrorista. Y aún no hemos acabado con el terrorismo".
Además, Ares criticó a Aralar por poner más énfasis en la defensa de los derechos humanos de unos que de otros". Ares finalizó señalando que "las denuncias por torturas nunca han tenido respaldo judicial, ya que no ha habido pruebas suficientes".
manto de sospecha Mientras, el parlamentario popular, Carlos Urquijo, señaló que el informe "extiende la sombra de la sospecha sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado". Urquijo se refirió además a que "la situación en la que quedó ETA en 2004"se debió en parte a la incomunicación y a la ausencia de cámaras en los interrogatorios.
Urquijo añadió que, además, la instalación de cámaras de grabación en las salas de interrogatorios "no evitará" que si un funcionario quiere torturar a un detenido pueda hacerlo en otras dependencias.
Tras la intervención del PP, Juan Porres, de Eusko Alkartasuna, criticó a los populares porque, dijo, parece que se prima una supuesta efectividad del trabajo policial "por encima de los derechos fundamentales" de los detenidos.
"No hemos extendido ningún tipo de sospecha", continuó el diputado abertzale, " sino que pedimos desarrollar un derecho fundamental con garantías suficientes".
Asimismo, la parlamentaria del PNV, Elixabete Piñol, argumentó que es "muy poco compatible mantener la legislación antiterrorista con los compromisos que el Estado suscribe internacionalmente" de defensa de los derechos humanos.
Por su parte, el diputado de EB, Antton Karrera consideró que lo propuesto es un "avance significativo" en los posicionamientos en defensa de los derechos humanos.
Karrera comentó que "la eficacia policial se antepone a los Derechos Humanos". "Se trata, en definitiva, de profundizar en el derecho a la vida", concluyó.
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