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Sábado, 14 de enero de 2006

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Una nueva ley garantizará los derechos y deberes de un millón y medio de emigrantes españoles

la norma contará con una memoria económica de 154 millones de euros

Recogerá aspectos como el voto en las elecciones, la asistencia sanitaria o las prestaciones sociales

Los llamados 'niños de la guerra' se beneficiarán de esta ley.Foto: archivo

madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer, para su remisión a las Cortes, el proyecto de ley del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior, cuyo fin es garantizar los derechos y deberes constitucionales de los emigrantes, y que cuenta con una memoria económica de 154 millones de euros.

Se trata de equiparar los derechos de los españoles que viven fuera con los que residen en España; el anteproyecto de esta ley fue aprobada por el Gobierno en octubre pasado.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que afecta a un millón y medio de españoles que viven en el extranjero, y remarcó que contiene derechos civiles, sociales, educativos y culturales, con la pretensión de reforzar los vínculos con España y "evitar el desarraigo que supone vivir lejos".

Esta norma, informó en una nota el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene como finalidad, además, delimitar las líneas básicas de la acción protectora del Estado, así como establecer la fórmula de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en este ámbito.

diálogo El proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo viene a dar respuesta a las reiteradas demandas realizadas desde los distintos sectores de la emigración y del retorno, y "ha sido fruto de un proceso dialogado con los representantes de los emigrantes españoles", agregó la nota.

El texto del Estatuto, que ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, salvaguarda como derechos y deberes de los ciudadanos españoles que residen en el exterior el derecho al voto, los derechos sociales y prestaciones por razones de necesidad y derechos en materia de empleo.

"El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, consciente de la dificultad que conlleva el posibilitar el voto en todos los lugares de manera idéntica a la existente en España, quiere con el estatuto garantizar al máximo la transparencia y la efectividad del sistema", se informó.

Por ello, el proyecto de ley recoge el compromiso de la Administración General del Estado para asegurar la permanente actualización del censo electoral y para que se pueda ejercer el voto en urna, en aquellos lugares donde las condiciones lo permitan.

En relación con los derechos y las prestaciones sociales, el Estatuto señala como colectivos de especial protección a aquellos ciudadanos españoles que carezcan de recursos suficientes y sean personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes o mujeres con especiales dificultades de integración social o laboral, así como españoles desplazados durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil española. >efe

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detalles: El PSOE pide el máximo consenso. El portavoz de inmigración del grupo parlamentario Socialista, Antonio Hernando, hizo ayer un llamamiento a todas las fuerzas políticas para conseguir "el mayor consenso posible" en la aprobación de la ley: "Esperemos que sea un estatuto de todos y para todos los españoles residentes en el exterior".
Nacionalidad y representación parlamentaria. El presidente del Consejo General de la Emigración, Francisco Ruiz, valoró ayer muy "positivamente" la aprobación por el Consejo de Ministros de este proyecto de ley, pero precisó que hay "flecos" que no se han introducido en la norma, como cambios necesarios en materia de nacionalidad o de representación parlamentaria.
LA FRASE: "Queremos asegurar al máximo la transparencia y la efectividad del sistema de voto" ministerio de trabajo y a.sociales

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