Diario de Noticias de Álava

Dueños de pisos para mayores aseguran estar "acosados" por los inspectores de la Diputación

han llegado a mirar "bajo la cama y en los armarios"

Dicen que un técnico tramitó una multa de 6.000 euros porque la dueña no estaba en el momento de su visita

vitoria. Los dueños de los pisos de asistencia a mayores aseguran sentirse "acosados" por el Departamento de Bienestar Social de la Diputación. A su juicio, los procedimientos seguidos por los técnicos durante las inspecciones de los centros distan mucho de ser los adecuados, con amenazas de multas y la puesta en marcha de cuantiosas sanciones.

Una de las afectadas, que se vio obligada a cerrar en 2005 su centro de acogida ante la negativa de los vecinos a instalar una rampa para cumplir con la Ley de Accesibilidad, asevera que el pasado mes recibió la visita de un inspector. Éste había acudido al que ahora es el "piso particular" de la mujer tras recibir una llamada telefónica por la que se denunciaba que en ese lugar todavía se ejercía el servicio de asistencia.

La dueña del piso se negó a que el lugar fuera revisado, motivo por el cual el inspector se atrevió a insinuar que, tal vez, podría recibir una multa. Ésta, sin embargo, no es la única situación irregular padecida por la propietaria del inmueble, que asegura que durante el funcionamiento del centro de acogida tuvo que soportar reconocimientos humillantes, ya que el inspector "llegó a mirar dentro de los armarios e, incluso, bajo la cama".

Pero tampoco ella es la única que dice haber sufrido la presión de Bienestar Social. La dueña de otro piso que acoge a cuatro ancianos pagó una multa de 600 euros por no estar en el inmueble durante dos visitas del técnico. No obstante, alega que la primera vez fue el inspector "quien no quiso esperar, tras el ofrecimiento" de una trabajadora, mientras que en la segunda ocasión la mujer disfrutaba de su día libre.

Además, la propietaria del centro denuncia que la multa inicial, que llegó a pagar para no ser embargada, fue de 6.000 euros al catalogarse su ausencia como una falta grave. El juez decidió, más tarde, reducir el castigo económico, aunque se le devolvió "la cantidad restante sin intereses".

Las dueñas de pisos consultadas por este periódico coinciden en que el área de Ainhoa Domaica ejerce "una presión insoportable" sobre los servicios privados, mientras que los centros públicos incumplen normativas y desarrollan su labor sin recibir sanciones. "Los inspectores nos hacen la vida imposible", sostienen. Sobre todas ellas planea ahora, tras denunciar esta situación, el miedo a que aumente "el acoso por parte de la Diputación". Por eso, prefieren no revelar sus nombres.

Mientras tanto, una de las afectadas ha recibido una multa de 30.000 euros por carecer del permiso foral al no haber eliminado las barreras arquitectónicas, si bien ha sido imposible instalar la rampa por el rechazo de un vecino. La sangría económica parece inevitable. "Algunas veces he pensado en tirar la toalla", sostiene otra propietaria.

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