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Trabajo y Justicia ignora a los mediadores judiciales

Los profesionales del servicio actual temen perder sus puestos de trabajo

Beatriz Sotillo - Viernes, 12 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:18h

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La labor de los mediadores judiciales en Euskadi evita muchos procesos.

La labor de los mediadores judiciales en Euskadi evita muchos procesos. (Foto: Pablo Viñas)

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  • La labor de los mediadores judiciales en Euskadi evita muchos procesos.

Bilbao- “La resolución del concurso para adjudicar los trabajos del Servicio de Justicia Restaurativa no se llevará a cabo hasta que el Órgano de Recursos Contractuales resuelva el recurso presentado”, señalaron a este periódico desde el Departamento de Trabajo y Justicia en relación a la denuncia de los sindicatos y las patronales del sector de intervención social de Euskadi de que esa convocatoria no respeta sus convenios colectivos. Un día más tarde, el responsable del Servicio de Justicia de Adultos, Roberto Moreno, informaba sucintamente a los afectados de que ese recurso no había sido admitido.

Roberto Moreno indicó a los profesionales que actualmente llevan a cabo las labores de mediación judicial y que temen perder sus puestos de trabajo, que les trasladaba la citada resolución por orden de la directora de Justicia. Ahora que el Órgano de Recursos Contractuales ha decidido no admitir el recurso interpuesto por el sindicato CCOO, los trabajadores del actual Servicio de Mediación Intrajudicial temen que en breve -está previsto que hoy mismo se conozcan las propuestas- se terminen de examinar las ofertas presentadas y se adjudique el servicio a una organización que no realiza labores de mediación y que, al no haberse respetado la cláusula de subrogación, contratará a profesionales distintos a los actuales y dejará sin trabajo a un numeroso grupo de mediadores.

Según indicó el responsable del Servicio de Justicia de Adultos en su carta, “el sindicato CCOO interpuso recurso administrativo contra los pliegos del Contrato del Servicio de Justicia Restaurativa al entender que debían incluirse en los pliegos el derecho de subrogación de trabajadores en contra del criterio del Departamento (criterio que ya expliqué en los tres TTHH a todos los trabajadores)”. A continuación Moreno informó de que en “la resolución 4/2018, de 10 de enero de la Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la CAE” se acuerda “inadmitir el recurso”.

Con este trámite el Departamento de Trabajo y Justicia tiene vía libre para resolver un concurso cuyas condiciones han soliviantado a todos los sindicatos y patronales del sector de intervención social de Euskadi, que en cuanto se hizo pública la oferta para la adjudicación del Servicio de Justicia Restaurativa -ahora Servicio de Mediación Intrajudicial- detectaron que incumplía sus convenios. A pesar de que estas organizaciones, agrupadas en Comisiones Paritarias, alertaron a tiempo a la viceconsejera de Justicia de que el concurso debía incluir la cláusula de subrogación con la intención de que se subsanara la deficiencia, no obtuvieron respuesta oficial. Fuentes del departamento de María Jesús San José señalaron a este diario que “para sacar a concurso la renovación de los servicios que dependen de Justicia se tiene en cuenta que, según indicaciones de la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco, esta colaboración no puede establecerse por convenio, sino por contrato. No es una decisión unilateral del departamento sino que forma parte de la transparencia de contratación”.

El concurso

Licitación. El concurso para la contratación de las prestaciones del Servicio de Justicia Restaurativa se publicó bajo el número A-011-DTJ-2017.

Afectados. Al no incluir la subrogación de personal los mediadores actuales pueden perder su empleo con el cambio de empresa.

Cambio. Según el Departamento de Trabajo, todos los servicios que dependen de la Dirección de Justicia, excepto el de Justicia Restaurativa que se ha sacado ahora a concurso, han ido pasando paulatinamente a la modalidad de contrato”, como el Servicio de Atención a la Víctima y el Servicio de Gestión de Penas.

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