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Carta abierta de Stop Desahucios Euskadi a los parlamentarios vascos

Por Jose Arturo Val del Olmo, Rosa García Pérez e Imanol Arrieta - Martes, 12 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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En Euskadi hay una emergencia habitacional y social que requiere una respuesta urgente. Hay mas de 40.000 inscritos en Etxebide en demanda de una vivienda de alquiler, otros muchos no inscritos, cansados de esperar durante años, o dados de baja mediante edictos y sin comunicación, miles viviendo hacinadas, o en viviendas que no son dignas. La edad de emancipación de los jóvenes es la más tardía de Europa. Más de 50.000 personas están dependiendo de la caridad. Cada día vemos más personas con dificultades para acceder a una vivienda, y más hogares que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda y suministros básicos.

Por eso es un crimen que haya miles de viviendas vacías, incumpliendo su función social, que son propiedad de las administraciones públicas vascas, congregaciones religiosas, bancos, fondos de inversión, o grandes tenedores de vivienda. Es una vergüenza que sólo una de cada cien viviendas sea gestionada en alquiler por el Gobierno Vasco y se sigan privatizando las 20.000 viviendas VPO construidas sobre suelo público, viviendas que deberían pasar al parque de alquiler a los 75 años de su construcción. Es inaceptable que el Gobierno Vasco proponga ahora vender viviendas VPO a bancos y fondos de inversión a cambio de que estas las cedan en alquiler por 600 euros mes. En lugar de dedicar esas viviendas VPO al alquiler social, y en lugar de exigir a los bancos, a los que hemos rescatado con dinero público, que pongan sus viviendas vacías a disposición de las necesidades sociales, se quiere contribuir al negocio de quienes han desahuciado a miles de familias y siguen robando mediante todo tipo de cláusulas abusivas.

Dos años después de aprobarse la Ley de Vivienda, ni se ha creado el registro de viviendas deshabitadas, ni elaborado ningún informe sobre número, ubicación, y propietarios, a pesar del compromiso de los ayuntamientos de la CAV, que tienen los datos de IBI y catastro, cuando aprobaron masivamente mociones declarando nuestra comunidad territorio libre de desahucios. No se ha cumplido el mandato legal de crear el organismo que coordine todas las políticas de vivienda, aunque es evidente la descoordinación entre instituciones. No se respeta que el 80% de lo construido sea VPO con la excusa de inercias del pasado como si la ley se acabara de aprobar hoy.

Cada día vemos más personas con dificultades para acceder a una vivienda, y más hogares que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda y suministros básicos

El proyecto de Presupuestos no respeta la Ley de Vivienda vasca, ni el derecho internacional, que consagran el derecho fundamental de las personas a un techo, básico para otros derechos como educación, salud, o protección de los menores, e imprescindible para desarrollar un proyecto de vida y para la inclusión social. Presupuestar dos euros por cada cien gastados coloca a la vivienda como el “farolillo rojo” en las prioridades del ejecutivo, y es una cuantía insolvente para hacer efectiva la Ley de Vivienda. Aumentar 75 euros, hasta los 600, para captar viviendas para el programa Bizigune, sin actuar contra la actual especulación, será un fracaso como evidencia el hecho de que en lugar de las 5.700 viviendas previstas este año se haya bajado hasta las 4.400 viviendas. Presupuestar 600.000 euros, para ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías que se incorporen al programa Bizigune, con un máximo de 18.000 euros, alcanza sólo para 33 viviendas. El año que viene 68.000 viviendas con mas de 50 años tendrán que pasar la Inspección Técnica, pero sin ayudas suficientes no será posible facilitar la accesibilidad y la eficacia energética, es decir, la rehabilitación, que crea tres veces más puestos de trabajo que la construcción.

El año que viene se dedicarán dos millones de euros para pagar la nueva prestación económica para alquilar una vivienda, pero, a 250 euros por unidad, puesto que se suprimen los 325 euros para casos excepcionales, sólo alcanza para pagar a 666 familias. Si se esperan 9.000 solicitudes, entre este año y el que viene, esta claro que mas del 90% de los solicitantes forman parte de los 35.000 que actualmente ya reciben la PCV o las AES. Sustituir el derecho a una vivienda digna por 250 euros, cuando el alquiler medio en la CAV es de 813 euros, es un atropello, y hacerlo, además, empeorando la actual Prestación Complementaria de Vivienda o las Ayudas de Emergencia Social al alquiler, una tropelía.

Asistimos a una concentración privada de la propiedad inmobiliaria, y sus consecuencias las estamos viendo;aumento de los precios de alquiler, cada vez mas edificios vacíos, terrenos públicos vendidos para desarrollos privados, aumento de la expulsión de vecinos con menos recursos de sus barrios, turistificación del centro de las ciudades, mayores dificultades de acceso a una vivienda asequible y adecuada, aumento del sinhogarismo, y vuelta al recurso a la hipoteca y al endeudamiento.

Hay que reaccionar;pasando al alquiler todas las viviendas de titularidad pública, exigiendo a bancos, fondos de inversión, y grandes tenedores de vivienda que compensen a la sociedad cediendo en alquiler social sus viviendas vacías, presionando al Gobierno estatal para que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos, se amplíen a un mínimo de cinco años los contratos de alquiler y se pueda impedir que se especule con los alquileres, presupuestando para construir mas viviendas sociales, ayudando a la rehabilitación de viviendas, o cambiando la fiscalidad a favor del alquiler.

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