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El Supremo evita que Bélgica limite los delitos por los que juzgar a Puigdemont

El juez Llarena retira todas las órdenes de detención contra el President y los Consellers cesados excepto la española

Igor Santamaría - Miércoles, 6 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Carles Puigdemont, durante una de las concentraciones en apoyo al proceso catalán.

Carles Puigdemont, durante una de las concentraciones en apoyo al proceso catalán.

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  • Carles Puigdemont, durante una de las concentraciones en apoyo al proceso catalán.

madrid- La campaña electoral sigue condicionada por las decisiones judiciales, la última de ellas, el golpe de efecto dado ayer por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra el president cesado Carles Puigdemont y sus consellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, instando a que se comunique su resolución a las autoridades belgas para que dejen sin efecto la colaboración solicitada por España. El magistrado, sin embargo, mantiene la orden española de detención contra el cabeza de lista de Junts per Catalunya y los miembros del Govern que se exiliaron en Bruselas, por lo que los cinco serían detenidos en cuanto pisaran suelo en el Estado español. El objetivo del juez es en todo momento evitar que la Justicia belga limite los delitos por los que pueden ser enjuiciados. En este contexto, Puigdemont tiene dos caminos: o acudir en persona a las elecciones del 21-D y ser detenido y enviado a prisión, lo que podría suponer un volantazo a su candidatura en término de cosecha de votos;o no regresar y así seguir en libertad haciendo campaña desde Bélgica, que es la hoja de ruta por la que ha optado ante la falta de garantías que afirma tener en territorio español.

El miedo de España era que la justicia belga rechazara actuar contra el president cesado por rebelión, un delito que carece de equivalente exacto en el Código Penal de aquel país. En ese caso, el juez de Bruselas podría ordenar la entrega al Estado español del líder del PDeCAT y los exconsellers por otras causas, como malversación, desobediencia o prevaricación, que solo conlleva pena de inhabilitación, pero no por el que le impediría a la justicia española actuar contra Puigdemont por el delito más grave que se le atribuye y que cimenta la causa abierta en el Supremo contra los líderes independentistas. Y es que examinando el auto parece inferirse que se temía que el juez belga no concediera la extradición por rebelión al no haber violencia por ninguna parte. El Código Penal belga es contundente en el sentido de que la violencia de la rebelión requiere el uso de armas.

El instructor argumenta su postura en que el delito de rebelión por el que se está investigando a los dirigentes soberanistas tiene, según el Código Penal español, carácter colectivo y no puede dividirse, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias. La orden europea de detención consiste en un instrumento de colaboración judicial y, una vez emitida, el magistrado puede valorar en cualquier momento la conveniencia de mantenerla o no, considerando los efectos que puede tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España. Y según el juez del TS, el mantenimiento de las órdenes de detención dictadas el 3 de noviembre no facilitaría el desarrollo de la causa porque al ser posible que Bélgica deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes se “restringirían” las actuaciones contra Puigdemont y el resto de exiliados, lo que llevaría a una situación paradójica en la que los huidos estarían en una situación más beneficiosa que la de los que se quedaron en el Estado español, cuatro de ellos aún en la cárcel por orden del juez Llarena. Los partidos unionistas no tardaron en exigir a Puigdemont que no saque las ventajas que no tienen sus compañeros encarcelados.

Asimismo, Llarena recuerda que fue esa característica de la rebelión como delito colectivo lo que justificó la acumulación en el Supremo de todas las causas abiertas contra los miembros del Govern cesados, la Mesa del Parlament y los líderes de Òmnium y ANC. “Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”, advierte.

Después de que se emitieran las órdenes de detención, apunta el juez, los investigados se han postulado como candidatos a las elecciones del 21-D, de lo que, según Llarena, puede inferirse su intención de volver a España para tomar posesión y ejercer el cargo al que aspiran. Según el magistrado, la retirada de la orden europea de detención no genera ningún perjuicio a los afectados por ella pues el president y los consellers cesados se opusieron a que Bélgica la ejecutara. “Eso es lo que esta resolución les aporta”, concluye en su notificación. Llarena adopta esta decisión un día después de que se celebrara la vista en Bélgica sobre la entrega de Puigdemont y el juez belga anunciara que tomaría una decisión el 14 de diciembre.

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