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Editorial

Emergencia por negligencia

El sistema público de pensiones refrenda su déficit estructural después de que el Gobierno del PP






haya extraído del Fondo de Reserva casi 74.500 millones y queden apenas 8.000 millones

Lunes, 4 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Para poder hacer frente a la paga extra de los pensionistas en diciembre, la Seguridad Social tomó el viernes 7.792 millones, de los que 3.586 se extrajeron del Fondo de Reserva y los 4.206 restantes, del remanente que quedaba del préstamo de más de 10.000 millones concedido por el Gobierno en los últimos Presupuestos. El déficit del sistema público de pensiones español, la diferencia entre los ingresos -vía principalmente de las cotizaciones de los trabajadores- y los gastos, ronda los 18.000 millones anuales. Así, en la denominada hucha de las pensiones quedan apenas 8.000 millones después de que el Gobierno del PP haya detraído de la misma casi 74.500. El agujero de las pensiones representará a finales del presente ejercicio aproximadamente la mitad de todo el déficit del Estado. Esta concatenación de cifras, a cada cual más alarmante, refleja de manera inequívoca la emergencia a la que se enfrenta el Estado español en su conjunto, mientras quienes lo dirigen se enredan en maniobras de distracción con asuntos de mucha menor enjundia cuando el número de perceptores no parará de crecer hasta alcanzar en 2042 los 15 millones -el doble que ahora-, con un alza de la cuantía de las pensiones. Resulta imprescindible para empezar a corregir la precarización de los sueldos como consecuencia de la reforma laboral perpetrada por el Ejecutivo de Rajoy, como lo demuestra el dato palmario de que por cada crecimiento de cotizantes del 3% los ingresos de la Seguridad aumentan un ínfimo 1%, por el 8% de 2007. Pero mientras no se subsane la depauperación salarial habrá que adoptar con urgencia medidas paliativas, a poder ser con el concurso del PP. Parece inevitable tanto el pago vía presupuestaria de los subsidios de viudedad y orfandad, que suponen unos 26.000 millones anuales, como el arbitrio de un impuesto finalista para sufragar las pensiones contributivas, una tasa de solidaridad que debiera imputarse preferentemente a las rentas más altas para no devaluar más los salarios y las prestaciones sociales. Asimismo, no cabe retrasar más el destope de la cotización máxima fijada en 3.600 euros, lo que posibilitaría recaudar unos 7.500 millones gravando los 27.000 hoy libres de cargas. Iniciativas todas de puro sentido común y que deben implementarse por encima de intereses partidistas, a no ser que se pretenda el arrumbamiento del sistema público de pensiones.

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