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Prisión bajo fianza para Forcadell tras desmarcarse de la vía unilateral

El Supremo no sigue con el reguero de encarcelamientos de la AN y deja libres a 5 miembros de la Mesa, 4 con fianza

Míriam Vázquez - Viernes, 10 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Lluis Corominas y Ramona Barrufet, dos de los miembros de la Mesa del Parlament

Lluis Corominas y Ramona Barrufet, dos de los miembros de la Mesa del Parlament (EFE)

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madrid - Giro inesperado en la causa del Tribunal Supremo contra la Mesa del Parlament catalán. El reguero de encarcelamientos de los consellers y de los líderes de la ANC y Òmnium se detuvo ayer con la decisión del juez Pablo Llarena, quien se decantó ayer por una medida cautelar menos contundente: decretó prisión eludible con el pago de una fianza para la presidenta Carme Forcadell, y libertad bajo fianza para los cuatro miembros de la Mesa pertenecientes al PDeCAT y ERC. A Joan Josep Nuet, de Si Que es Pot, lo dejó en libertad sin medidas cautelares porque votó en contra de la tramitación de la declaración de independencia. La decisión del juez llegó tras el sorprendente cambio en la estrategia de defensa de los soberanistas catalanes, que en su último turno de palabra en la vistilla de las medidas cautelares decidieron desmarcarse de la vía unilateral y garantizar que no van a reincidir en sus comportamientos. Ese pronunciamiento los hipoteca y va a provocar que todas sus declaraciones futuras se miren con lupa, porque el juez se reserva el derecho a revocar su decisión si cree que mintieron.

Su desmarque fue decisivo y provocó que el juez no atendiera la petición de prisión incondicional para cuatro de los miembros de la Mesa que exigió la Fiscalía, aunque fijó medidas cautelares y su posicionamiento fue recibido con gran rechazo por el soberanismo, que no entiende una causa contra la Mesa del Parlament por permitir el debate de una declaración.

Forcadell ha sido una de las caras visibles de la vía unilateral, y fue presidenta de la ANC e impulsora de las movilizaciones históricas de la Diada. Tras el cambio en su defensa, le bastará con abonar 150.000 euros para recuperar la libertad, una cantidad elevada pero asequible en vista de la capacidad para movilizar recursos que han demostrado las plataformas independentistas. La noche la tuvo que pasar en la prisión de Alcalá Meco. En esa cárcel se encuentran también las exconselleras Meritxell Borràs y Dolors Bassa.

Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, por su parte, quedaron inmediatamente en libertad, pero tendrán que pagar una fianza de 25.000 euros por persona en una semana para no ir a la cárcel. Una vez que hayan depositado las fianzas, no podrán salir del Estado, se les retirará el pasaporte y tendrán comparecencias semanales en el juzgado. Este desenlace puede añadir presión a la Audiencia Nacional, que mantiene encarcelados a los consellers cesados y a los líderes de la ANC y Òmnium.

Los miembros de la Mesa del Parlament investigados por haber permitido la votación de la declaración unilateral de independencia se presentaron ayer ante el Supremo con una sorpresa de primer orden bajo el brazo. En un giro absoluto en su estrategia de defensa, la presidenta Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa decidieron responder a las preguntas del fiscal y, además, acatar el artículo 155 de la Constitución española y restar alcance a la declaración de independencia, asegurando que fue algo puramente simbólico y sin efectos prácticos. Supuso un desmarque con respecto a la estrategia soberanista y de los ocho consellers encarcelados, y era exactamente lo que pedía la Fiscalía para plantear unas medidas cautelares más suaves que no pasaran por el ingreso en prisión incondicional.

No obstante, la sorpresa llegó unas horas más tarde, cuando la Fiscalía dejó ver que no era suficiente: pidió el ingreso en prisión incondicional para Forcadell, y los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó. Solo pidió dejar en libertad al diputado de Si Que es Pot Joan Josep Nuet, en cuyo caso estaba cantado por no ser independentista y haber votado en contra de la declaración unilateral; y planteó una fianza de 50.000 euros para Ramona Barrufet, del PDeCAT, que al parecer habría asegurado que la única vía posible es la del pacto y que el referéndum no tuvo garantías.

Fue al conocer la petición de la fiscalía cuando se produjo la segunda vuelta de tuerca en el resto de miembros de la Mesa, que por lo visto renunciaron a insistir en la vía unilateral. El juez Llarena lo valora, pero con reservas. Según el auto emitido ayer, los querellados, “no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Sin embargo, avisa: “No se escapa que las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces, en todo caso, han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga”. El juez, eso sí, valora que hayan acudido a declarar siempre que han sido emplazados, de manera que ve muy atenuado el riesgo de fuga.

los argumentos de la defensa La presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa están acusados de incurrir en los delitos de rebelión, sedición y malversación por haber permitido la votación de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre. Forcadell es la expresidenta de la ANC, y el resto de miembros de la Mesa acusados son del PDeCAT, salvo Nuet (Si Que es Pot) y Simó (ERC). En su declaración de ayer ante el juez, Forcadell calificó de “declarativa y simbólica” la declaración de independencia, insistió en que no tenía ningún valor jurídico, y también recalcó que no le quedaba otra que permitir la votación, porque su función como presidenta consiste en permitir la discusión de iniciativas sin entrar a analizar su fondo. Según dijo, carece de competencias para hurtar el debate. Forcadell asumió la aplicación del artículo 155, como ya hiciera hace unos días reconociendo las elecciones catalanas forzadas por el Estado y la consiguiente disolución del Parlament.

También aportó varios documentos sobre la intervención de las finanzas del Parlament por parte de Madrid para argumentar que no es posible que haya podido malversar dinero público. Los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal (ex fiscal general del Estado), Javier Zaragoza y Jaime Moreno, por otra parte, insistieron en preguntar a los acusados si las intenciones de los parlamentarios eran violentas. En ese punto, los acusados negaron tal finalidad, y aclararon que, en todo caso, sus llamamientos al pacifismo pudieron ser desatendidos y desembocar en incidentes en las calles aunque esa no fuera su intención.

Esa estrategia de defensa fue común a todos los miembros soberanistas de la Mesa que comparecieron ayer ante el juez. Supone un cambio con respecto a la estrategia de los consellers en la Audiencia Nacional. En ese caso, solo Santi Vila accedió a responder a las preguntas del fiscal, y fue puesto en libertad bajo fianza. Los comparecientes de ayer esperaban un trato similar, aunque el caso de Vila tenía otros matices relacionados con su rechazo a la vía unilateral.

cambio de abogados Por otro lado, varios consellers de PDeCAT encarcelados por la Audiencia Nacional han cambiado de abogado y serán defendidos por los penalistas Jordi Pina, Cristóbal Martell y Xavier Melero, en vez del letrado Jaume Alonso-Cuevillas, que seguirá llevando la defensa de Puigdemont. Han cambiado su defensa los exconsellers de Presidencia, Jordi Turull; Interior, Joaquim Forn; Territorio, Josep Rull; y Gobernación, Meritxell Borràs.

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