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Junqueras y siete exconsellers, a prisión

La jueza alude a la incomparecencia de Puigdemont para argumentar el riesgo de fuga e imponer cárcel sin fianza

En su auto, acusa a los Mossos de espiar a Guardia Civil y Policía Nacional el 1-O

Carlos C. Borra - Viernes, 3 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Los exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Meritxell Borràs y 	                    Josep Rull acuden a declarar.

Los exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull, Meritxell Borràs y Josep Rull acuden a declarar. (Foto: EFE)

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Barcelona - Pese a que entraba dentro de lo previsible, la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión a prácticamente todo el Govern de Carles Puigdemont, que fue cesado por Moncloa el pasado 27 de octubre, cayó como una losa sobre el soberanismo catalán y buena parte de la clase política del Estado. La magistrada fue extremadamente dura en su decisión y asumió en su totalidad la petición de la Fiscalía por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. De este modo, decretó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del exvicepresident Oriol Junqueras y siete exconsellers por riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. Solo se libró el exresponsable de Empresa Santi Vila, al que impuso el pago de una fianza de 50.000 euros para eludir la cárcel porque cesó en el cargo un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el mismo 27 de octubre, y los cuatro exconsellers que, junto al propio Puigdemont, se encuentran en Bélgica desde el pasado fin de semana y, como anunciaron la víspera, no acudieron ayer a declarar. La jueza Lamela, que en las pasadas semanas ya envió a la cárcel por presunta sedición a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, tuvo en cuenta a la hora de adoptar su decisión el hecho de que Puigdemont y cuatro de sus antiguos consellers se encuentren fuera del Estado español. De cara a subrayar la alta probabilidad de riesgo fuga, afirmó que “basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”. Agregó que “tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”.

Uno de los abogados de los exmiembros de la Mesa del Parlament investigados por estos mismos hechos, que estaban llamados ayer a acudir al Tribunal Supremo por su condición de aforados, admitió ayer que la no comparecencia de Puigdemont en la Audiencia Nacional resultaba perjudicial para los intereses de sus defendidos. Para evaluar el riesgo de fuga, la jueza de la Audiencia Nacional también tuvo en cuenta la gravedad de las penas a la que se exponen los exmiembros del Govern investigados en esta causa. En este sentido, el auto recuerda que “se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, quince años por el delito de sedición, y ocho años” por el de malversación. Este último, además, “puede ascender a diez años en caso de que se haya producido falseamiento en la contabilidad”.

Además de Oriol Junqueras, ingresaron en prisión los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior). En cuanto a Santi Vila, también pernoctó en la cárcel en “solidaridad” con sus compañeros, pese a que tiene previsto pagar hoy la fianza de 50.000 euros que le impuso la jueza. En este caso, Lamela destacó en su escrito que “él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament”. Ello, a juicio de la jueza, “pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el hecho secesionista”. Pese a que, en un principio, el Ministerio del Interior decidió enviar a Junqueras y el resto de exconsellers a cinco cárceles distintas de Madrid, finalmente, tras consultar con la magistrada, optó por razones organizativas y para facilitar la labor de las defensas agrupar a los siete hombres exmiembros del Govern en una misma cárcel, la de Estremera, y a las dos mujeres en otra, la de Alcalá Meco. No coincidirán así con los Jordis, que se encuentran en el penal de Soto del Real. El auto, de 19 páginas, explica que la acción del Govern catalán cesado “fue meditada y perfectamente preparada y organizada” y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional “en pro de la independencia”. La magistrada sostiene que los investigados vienen operando “dentro de un grupo perfectamente organizado de personas” apoyados por asociaciones soberanistas “con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia” y que actúan como “brazo civil del levantamiento”. Cita a la ANC y Òmnium, “que han jugado un papel decisivo en el proceso”.

Resistencia colectiva La jueza asegura que, en ejecución de su plan en favor de la independencia, los investigados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado” ocupando carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un “incesante acoso”.

Precisa que el pasado 1 de octubre, fecha del referéndum, los Mossos d’Esquadra llegaron a “espiar” acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios electorales de que estos agentes se dirigían a dichos lugares. De la exconsellera Borràs dice que adoptó “medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum”, de ahí el delito de malversación.

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