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Editorial

Una decisión endiablada

El abuso de Rajoy con el art. 155 y la intervención de facto de las instituciones de Catalunya coloca al Govern entre la voluntad de la sociedad catalana y la defensa del autogobierno que ésta ha construido desde 1978

Viernes, 27 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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La no convocatoria de elecciones por el president Puigdemont, pese a que así se barajó durante el día de ayer, y el empecinamiento del Gobierno de Rajoy en una aplicación del art. 155 de la Constitución que en la práctica supone la intervención del autogobierno catalán, previa aprobación en el Senado, donde cuenta por sí mismo con mayoría absoluta -62% de los escaños con solo el 36% de los votos gracias al desigual sistema electoral estatal- y el apoyo de PSOE y C’s, han abocado a Catalunya a una situación endiablada en la que se enfrentan la legalidad emanada del Parlament, legitima y democráticamente elegido por los catalanes, y la que impone el Estado según la interpretación de su Gobierno. Pese a que numerosos actores, entre ellos el lehendakari Iñigo Urkullu, han tratado de evitarlo, y a que aún queda tiempo para el diálogo, todo apunta a la confrontación entre las consecuencias del mandato de la sociedad catalana -de una parte mayoritaria de ella- el 1-O y la intervención por el Estado de las instituciones autonómicas de Catalunya. Porque, en realidad, Rajoy y su Gobierno han ido incluso más allá de una aplicación limitada del art. 155 para asumir el control y subordinar a sus directrices el autogobierno catalán, lo que además de ser de dudosa constitucionalidad, como señalaba el propio Puigdemont en el escrito de alegaciones a la Presidencia del Senado, supone la puesta en práctica, 39 años después, de la enmienda que, defendida por Manuel Fraga Iribarne, presentó Alianza Popular al Anteproyecto de Constitución el 1 de julio de 1978 y que pretendía incluir en el Título VIII la posibilidad de intervención de una Comunidad Autónoma, enmienda rechazada entonces ampliamente en el Congreso con 284 votos en contra y 17 a favor. Esas alegaciones del Govern, por cierto, no pudieron siquiera ser defendidas ayer en el Senado por el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferràn Mascarell, al vetarlo la Cámara con el peregrino razonamiento de no ser miembro del Govern. En todo caso, que Puigdemont dejara el futuro inmediato de Catalunya en manos del Parlament, eludiendo su potestad para convocar elecciones, habla de la extrema dificultad de la tesitura, también para el global del soberanismo, que exige optar por la voluntad de la sociedad catalana o la defensa del autogobierno con que esta se ha dotado desde aquel 1978 en que los antecesores del PP de Rajoy no lograron sus propósitos.

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