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Editorial

Defender las instituciones legítimas

Tras la agresiva aplicación del artículo 155, los representantes democráticos de Catalunya tienen poco margen de maniobra salvo la protección de sus genuinas instituciones

Lunes, 23 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Las agresivas medidas adoptadas el sábado por el Consejo de Ministros español tras un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos mediante las que el Gobierno de Mariano Rajoy suspende ilegítimamente el autogobierno y la autonomía de Catalunya y toma de manera antidemocrática el poder de la Generalitat establecen como horizonte la convocatoria de unas elecciones autonómicas -usurpando de modo fraudulento la facultad exclusiva que tiene para ello el president- con el falso argumento de lograr el objetivo de “restaurar el orden constitucional”. Unos comicios que tendrían lugar en junio, una vez que, según argumentó Rajoy, se haya restablecido la supuesta normalidad en Catalunya. Una normalidad imposible, por otra parte, tras un golpe de estas características a las instituciones propias. En este contexto, los legítimos representantes del pueblo catalán y sus instituciones tienen un margen escaso de actuación. El president, Carles Puigdemont, no adelantó en su declaración del sábado cuál será la respuesta a la aplicación por parte del Gobierno español del artículo 155 de la Constitución que supone poner fin al autogobierno catalán y señaló a la celebración de un próximo pleno del Parlament, que tendrá la última oportunidad antes de la intervención del Estado que cercenará su capacidad soberana de tomar la decisión contenida en la Ley de Referéndum -declarada ilegal por el Tribunal Constitucional- de declarar la independencia. Otra opción barajada es la de que el propio Puigdemont tome la iniciativa también antes de ser destituido y convoque elecciones, revestidas del carácter de constituyentes y que pudieran frenar las consecuencias del artículo 155. Sin embargo, el Govern insiste en que esa opción “no está encima de la mesa”, tal y como reiteró ayer el portavoz y conseller de Presidencia Jordi Turull. La estrategia que sí baraja el Ejecutivo catalán es “la defensa a ultranza de las instituciones catalanas democráticamente elegidas”. Una opción sin duda legítima y que apela a la dignidad tanto de esas instituciones como de la ciudadanía que las ha elegido. En cualquier caso, el escenario sigue muy abierto y da cuenta de que las invasivas medidas que aprobará el Senado no van a resolver el conflicto, como tampoco lo harán unas elecciones convocadas sin consenso. El problema es que tras el anuncio de Rajoy quizá sea ya demasiado tarde para cualquier tipo de diálogo.

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