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Editorial

Ilegítima suspensión del autogobierno

Las medidas adoptadas por el Gobierno español, pactadas por el PP, PSOE y Ciudadanos, suponen el golpe de gracia al Estado de las Autonomías y la imposición de un estado de excepcionalidad

Domingo, 22 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Las medidas adoptadas ayer por el Consejo de Ministros del Gobierno español para la aplicación del artículo 155 de la Constitución son de una gravedad extrema que atenta de forma flagrante, antidemocrática e ilegítima contra la soberanía popular y las legítimas instituciones catalanas, supone la suspensión del autogobierno de Catalunya al que tienen derecho sus ciudadanos y echa por tierra el Estado de las Autonomías y el maltrecho consenso constitucional retorciendo y violando de facto la letra y el espíritu de la propia Carta Magna. Si en las últimas semanas algunas fuerzas y representantes políticos españoles y medios de comunicación habían tachado de “golpe de Estado” el procés catalán y su apuesta por el derecho a decidir, de la misma manera se puede concluir que esta insólita aplicación del artículo 155 supone un golpe del Estado sin precedentes al autogobierno y a la propia democracia. Es obligado señalar que aunque ha sido el Consejo de Ministros y el presidente español, Mariano Rajoy, quienes han tomado la decisión de aplicar de una manera tan agresiva el ya de por sí controvertido precepto constitucional, las medidas adoptadas -a falta de la segura aprobación del Senado- han sido consensuadas entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, por lo que la responsabilidad de la grave situación en la que queda Catalunya es compartida entre estos tres partidos. La destitución del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todos los consellers que forman el Govern, la toma del control por parte del Gobierno español de las funciones que corresponden al Ejecutivo catalán y de instituciones y organismos como los Mossos d’Esquadra y la radiotelevisión catalana TV3 y Catalunya Ràdio, la usurpación por parte del propio Rajoy de la facultad de convocar elecciones -que tiene en exclusiva el president-, la inaudita intervención del Parlament despojándole de competencias y aplicando una ilegítima capacidad de veto sobre sus decisiones suponen la constatación de un estado de excepcionalidad -o, en realidad, de un estado de excepción encubierto- cuyas consecuencias ni siquiera se pueden atisbar pero a buen seguro quebrarán la convivencia y dejarán profundas heridas en la sociedad catalana y en su relación con el Estado español que probablemente no cicatrizarán nunca.

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