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La alegal situación del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa pasa factura

Su presidente compareció ayer en las Juntas para exponer la urgente necesidad de aclarar el futuro de la entidad

Pablo José Pérez Jorge Muñoz - Jueves, 12 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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“Las inversiones están saliendo de los recibos que pagan los vecinos de Rioja Alavesa”

vitoria - El presidente del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, Juan José García Barrueco, reconoció ayer, en una comparecencia celebrada ante la Comisión VIII de Medio Ambiente y Urbanismo de las Juntas Generales de Álava, que el retraso en la configuración del nuevo formato jurídico que debe adoptar este Consorcio para sustituir el actual está impidiendo acceder a ayudas de la Diputación y “el presupuesto y las inversiones están saliendo de los recibos de consumo que pagan los vecinos de la comarca”.

García Barrueco compareció ante la citada comisión a petición del PP, actuando como portavoz Borja Monje, quien manifestó la inquietud que existe entre ciudadanos y los propios ayuntamiento sobre el estado alegal en que se encuentra la entidad desde hace cuatro años, cuando una ley de carácter estatal dictaminó que los consorcios debían dejar de ser entes locales para pasar a convertirse en instrumentales. Por ello le pidió aclaraciones sobre la situación en que se encuentra el consorcio, las negociaciones que se han llevado a cabo, las alternativas que se están barajando para su transformación y el estado en que se encuentran los pronunciamientos de los ayuntamientos. En ese sentido, recordó que sólo dos han manifestado su deseo de que se convierta en una sociedad pública y el resto de corporaciones que ya han llevado el tema a sus plenos lo han dejado sin decidir hasta recabar mayor información.

El presidente del consorcio explicó que esta entidad está integrada por los ayuntamientos y juntas administrativas, la Diputación y la Cuadrilla que tiene voz pero no voto. Hace cuatro años, el Congreso de los Diputados aprobó la ley 27/13 que ponía en marcha los mecanismos para que los consorcios actualizaran su forma jurídica como entes instrumentales. En ese sentido, García Barrueco recordó las alternativas que se están barajando, a raíz de un estudio jurídico: la adscripción a un ayuntamiento como sería el de Laguardia, la constitución de una sociedad pública, la creación de una hermandad de servicios o la incorporación a un planteamiento, ya que no es tan siquiera un proyecto aún, de un macroconsorcio desarrollado por la Diputación. O una de esas salidas “o que cada ayuntamiento gestione su ciclo del agua, ya que, al fin y al cabo, ésa es una competencia municipal y casi todos los ayuntamientos son los titulares de sus recursos hídricos”. En cualquier caso, son los propios socios, los ayuntamientos y juntas, los que tienen que decidir por mayoría.

En el turno de intervenciones de portavoces, prácticamente se repitieron las peticiones de aclaración por parte de los grupos junteros. García Barrueco contestó que en cuanto al personal, no hay ningún problema. Con respecto a la postura de los ayuntamientos, afirmó que había hablado con todos. Sin embargo, sólo dos ayuntamiento han tomado una decisión, Kripan y Moreda, que se han decantado por una sociedad pública.

En cuanto a su valoración de las alternativas, se mostró inquieto ante la adscripción a un ayuntamiento, ya que si éste es intervenido a causa de su deuda, como le pasó a Laguardia, la entidad del agua correría la misma suerte. Sobre la posibilidad de crear una sociedad pública, lo valoró positivamente, ya que mantendría el funcionamiento como hasta ahora, pero con personalidad propia. La figura de la hermandad de servicios tendría la desventaja, en su opinión, de que al tener que funcionar a través de normas forales, la Diputación tendría que salir de la entidad. Finalmente, explicó que no se habían establecido fechas para constituir la nueva entidad, aunque si había cierta prisa por hacerlo.

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