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Editorial

El objeto del lucro

La pregunta tras las conclusiones de la Fiscalía sobre la primera época de ‘Gürtel’ es con qué fin si no es




el de financiarse fuera de la ley puede un partido ser partícipe a título lucrativo de una trama delictiva

Martes, 10 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Aun si la atención mediática se ha desplazado a Catalunya, a las consecuencias del referéndum del 1-O, la presentación de las conclusiones definitivas de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio sobre lo que se denomina “primera época de la trama Gürtel” apuntan procederes mucho más graves de lo pretendido por el PP, que a través de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, se limitó ayer a reiterar que la dirección nacional desconocía los hechos, que no ha habido delito y que, en todo caso, se le exige una responsabilidad civil y no penal. Siendo cierto que las conclusiones de las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás señalan al PP una fianza de apenas 245.492 euros por considerarle partícipe solo “a título lucrativo” de esa primera época de la trama que se refiere a hechos concretos (lo que no hace desaparecer otros que también deberán ser juzgados);pero precisamente por serlo, el Partido Popular de Mariano Rajoy -fue en ese periodo vicesecretario y secretario general del PP y responsable de campañas-, debería afrontar asimismo las responsabilidades derivadas de una financiación ilegal. Porque ¿con qué objeto si no es con el de financiarse más allá de lo legal puede un partido ser partícipe a título lucrativo de una trama delictiva? Sin olvidar que en la misma son acusadas hasta 37 personas, entre ellas cargos relevantes del partido y el Gobierno y contratistas habituales de ambos. Cierto, no es hasta el 1 de julio de 2015, con la reforma del Código Penal, que la financiación ilegal de partidos, además de la correspondiente infracción administrativa, constituye un delito e incluye una responsabilidad penal -que fue incomprensiblemente (o no tanto) excluida al instaurarse en 2010- para la que el propio Código Penal, en su art. 304bis. establece medidas como la suspensión de actividades o la propia disolución del partido;pero ello no exime la responsabilidad política de quien se ha beneficiado de un modo u otro de actuaciones delictivas, inmorales o ambas. Sin siquiera considerar los hechos que deberán juzgarse de épocas sucesivas de esta trama o de otras que han llevado a la imputación de centenares de cargos del PP, la ingeniería jurídica que permite al partido de Rajoy eludir acusaciones más graves o la distracción del foco mediático con el procés catalán no evitarán que finalmente deba responder ante una sociedad hastiada de lo que no duda en calificar como corrupción política.

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