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Editorial

Más que necesario, todavía mejorable

Los asesinatos de mujeres por sus parejas, el último ayer en Sestao, exigían hace ya tiempo un Pacto de Estado, incluso más amplio que el aprobado ayer, que considere el problema en toda su enorme dimensión

Viernes, 29 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:12h

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Una joven de 20 años asesinada el lunes en Cartagena, un hombre detenido el miércoles en Muskiz por agresiones reiteradas a su pareja, el asesinato de Noelia Noemi, 32 años, ayer por su marido en Sestao... El rosario de víctimas de la violencia machista prosigue imparable: 38 mujeres muertas en el Estado en 2017 (aunque algunas fuentes elevan la cifra a 43 y 4 menores), 939 mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos 14 años en el Estado... y solo en la CAV, donde cada año se registran más de setecientos casos de violencia contra la mujer, cuatro mil mujeres reciben algún tipo de protección. La aprobación ayer en el Congreso, con 278 votos afirmativos y 65 abstenciones, del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que engloba 213 medidas a implementar, llega tarde pero no por ello era menos necesaria;el mismo pacto es quizá susceptible de mejora, pero no por ello deja de ser relevante en la consideración jurídica y la determinación legal con que hacer frente a una de las principales lacras de nuestra sociedad. También en cuanto a la amplitud de ámbitos que contempla, desde el propio de la justicia a la educación pasando por lo laboral, la sanidad, la seguridad, los menores... Quizá porque supone la puesta en práctica, siquiera en parte y por fin, de principios contemplados en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las mujeres, también llamado Convenio de Estambul, que el Estado español suscribió hace ya más de tres años;incluyendo los que se dirigen a luchar contra la desigualdad de género que está en el origen de un problema que tal vez empieza a considerarse en toda su enorme dimensión. Más allá del cumplimiento (obligado) de la dotación presupuestaria de mil millones en cinco años, pendientes de la aprobación de las cuentas, el acuerdo muestra una voluntad política -que podía haberse visto incrementada con un apoyo crítico que evitara las abstenciones- de hacer frente a la violencia machista que no había tenido un reflejo parlamentario similar a nivel del Estado español. Una voluntad que, sin embargo, todavía tiene pendiente el compromiso de la prioridad (exigible) en la agenda del Gobierno y en su traslado a otras instituciones, imprescindible para que sirva asimismo a la realidad cotidiana de las más de cincuenta mil mujeres que ya sufren la violencia machista en el Estado.

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