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Editorial

Estado sin derecho

Que la deriva del Gobierno Rajoy evite el 1-O es más posible que probable;que solvente la crisis territorial, que sea un bálsamo para la sociedad catalana dentro de una España que la acosa, no es ni lo uno ni lo otro

Jueves, 21 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:13h

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La intervención de la Guardia Civil, que ha procedido a 22 registros de sedes empresariales e institucionales -entre ellas las de las consellerias de Presidencia, Gobernación, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Exteriores- y a la detención de 14 personas, una decena de altos cargos de la Generalitat, “con el fin de recopilar pruebas e indicios sobre el referéndum del 1-O” constituye un peligroso agravamiento en la irracional deriva de las actuaciones del Gobierno español en Catalunya. Rajoy ha optado por sofocar y no apaciguar mediante una flagrante violación -por omisión, dado que los ignora- de derechos fundamentales contemplados en la legislación europea e internacional y además obvia preceptos básicos de la Constitución que pretende defender al anteponer el art. 2 y la indisoluble unidad del Estado al art. 10.2 que supedita la interpretación de los derechos y libertades que la Constitución reconoce a su conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la materia. Así, las actuaciones (las de ayer y anteriores) de la Guardia Civil en Catalunya cuestionan la libertad ideológica, la de información, el pluralismo político, la igualdad ante la ley, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, la presunción de inocencia... en una escalada represiva solo posible en un Estado cuya lectura restrictiva de la ley cuestiona el derecho al pretender su inmutabilidad a través de una actuación coordinada de sus poderes, ignorando la debida separación entre ellos. El hecho de que la operación se haya llevado a cabo con la firma y actuación de oficio del titular del juzgado nº 13 de Barcelona, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, conocido por su persecución del soberanismo catalán y dedicado especialmente a impedir el referéndum del 1-O desde que el CGPJ le concediese en mayo, a los 70 años, la necesaria prórroga bianual de actividad para seguir ejerciendo a partir de dicha edad, es solo otro indicio de la actuación orquestada de los poderes del Estado, conformados a través de decisiones políticas para reunirse en torno a la prioridad del art. 2 de la Constitución frente a derechos y libertades individuales y colectivos. Que esa actitud evite el referéndum del 1 de octubre es más posible que probable. Que dé cauce de solución al conflicto catalán y contenga a Catalunya, a su sociedad, dentro de un Estado que la acosa no es ni lo uno ni lo otro.

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