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datos de Empleo y Políticas Sociales

Solo 1,1 de los 31 millones considerados como cobros indebidos de la RGI fue por fraudes

Lanbide ha hecho 42.672 revisiones de expedientes en 2017, en las que ha encontrado 178 situaciones de fraude

EFE - Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 12:34h

Imagen de archvio de una oficina de Lanbide.

Imagen de archvio de una oficina de Lanbide.

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Sólo 1,1 de los 31 millones considerados por Lanbide como cobros indebidos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en 2016 se debieron a actuaciones fraudulentas por parte de los beneficiarios, relacionadas con ocultación de datos de ingresos, de patrimonio o situación socioeconómica, familiar y laboral.

GASTEIZ. Según los datos aportados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, de los 31 millones indebidamente percibidos en 2016 ya se han recuperado 28,9.

En cuanto a las causas de estos cobros, el pasado año el Servicio Vasco de Empleo encontró fraude en el cobro de 1,1 millones de los 31 detectados, casi un millón menos que en 2015.

Esta cantidad está relacionada con 1.255 actuaciones irregulares que tuvieron su origen en la ocultación de datos de ingresos, de patrimonio, de composición de la unidad familiar y de la situación económica, familiar y laboral de los beneficiarios de esta prestación.

En lo que va de año Lanbide ha hecho 42.672 revisiones de expedientes, en las que ha encontrado 178 situaciones de fraude y 475 usos inadecuados de la RGI, frente a los 1.922 usos indebidos del pasado año.

Estas utilizaciones incorrectas de la prestación tienen que ver con la administración irresponsable de los recursos disponibles y con la no aplicación de la RGI a la cobertura de necesidades básicas de todos los miembros de la unidad de convivencia.

En algunas ocasiones también se han detectado casos en los que los perceptores practicaban la mendicidad y en otros los beneficiarios carecían de gastos justificables en vivienda o alojamiento habitual.

Todos estos datos se recogen en una respuesta parlamentaria de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a la parlamentaria popular, Laura Garrido.

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