El TSJPV anula el ERE de Laminaciones aunque deja en el aire los 178 despidos

Vitoria. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ayer nulo el ERE de extinción presentado por Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) para los 358 trabajadores de sus plantas de Vitoria y Urbina, por considerar que vulnera los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical. La sentencia, que no es firme, será recurrida por la empresa a lo largo del día de hoy con la presentación de un recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. "Respetamos la sentencia aunque no compartimos el fallo. La situación económica de la empresa continúa siendo igual de negativa", advirtió a media tarde a este periódico un portavoz de la compañía. A pesar de la euforia del momento, que convendría ubicar en su "justa medida", advirtió la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, la decisión deja en el aire el futuro de los trabajadores, tanto de los 178 despedidos hasta la fecha como el del resto de operarios que en julio decidió romper la huelga para reincorporarse a sus puestos de trabajo. Por si fuera poco, la ambigüedad manifestada ayer por el Alto Tribunal respecto a la readmisión inmediata de estos despidos no hace sino alimentar aún más la sensación de incertidumbre sobre el futuro de las dos plantas alavesas. En el origen de dicha cautela se encuentra un resquicio legal de la Reforma Laboral aprobada el pasado mes de febrero. En virtud de la misma, y dado que al ERE en cuestión se le aplica la normativa vigente en el momento de su inicio, el Real Decreto Ley 3/2012 no contempla para la declaración de nulidad "efecto alguno como la readmisión", es decir, se entona la culpabilidad de la empresa, que sin embargo no conlleva la readmisión de los despedidos, como ocurrió hace un mes con la compañía bilbaína Koyo. A grosso modo es todo cuanto ayer pudo hacer el TSJPV, realizar una declaración de nulidad del ERE, abocando a todos los afectados a jugársela en las "demandas individuales" que puedan plantearse. En este caso, como confirmó el comité, existen tantas demandas en el juzgado como despedidos se han producido hasta la fecha, es decir, 178.

Durante el proceso judicial en el Tribunal Superior, estas demandas habían sido paralizadas pero desde ayer, tras la publicacion del fallo, siguen adelante. "Esperamos que en unos días los juzgados de Vitoria nos indiquen cómo quieren abordar las demandas", informó un portavoz sindical, que insistió en la rotundidad del fallo: "Se debe readmitir a los trabajadores despedidos hasta la fecha, independientemente de que la empresa recurra la decisión".

Varapalo judicial A pesar de este clima de incertidumbre, el varapalo judicial a Celsa Atlantic, además de novedoso, resulta mayúsculo. El auto, que hace especial hincapié en la parte más social del conflicto, desmonta punto por punto prácticamente todos los argumentos que sus representantes legales defendieron durante el juicio del pasado día 18, y señala la existencia "sobrada" de indicios que demuestran la vulneración sistemática de derechos fundamentales como el de la huelga y libertad sindical. "Hay una conexión directa e inmediata entre la decisión del comité de iniciar una huelga en protesta por la posición de la empresa en el ERE iniciado el 20 de abril y la decisión de iniciar un ERE de extinción", sostiene el Alto Tribunal.

A lo largo de su redacción, el TSJPV advierte que la cercanía entre los expedientes y la "falta de variación" en la situación de la empresa es suficiente para entender concurrente la prueba indiciaria. Además, también considera "reveladores" el modo de ejecutar la decisión de despido colectivo y la incidencia de la efectividad de la medida en huelguistas en relación con las que no secundaron la huelga o la abandonaron. "La compañía ha acreditado que tiene una situación económica complicada, pero en modo alguno se prueba que ésta sea suficiente para poder adoptar la medida extintiva de tal intensidad", explica.

"Represalia empresarial" El propio devenir de los acontecimientos y los propios actos llevados a cabo por la dirección de Arregui en los últimos meses apuntan en este sentido. En concreto, el fallo hace alusión al hecho de que Celsa pretendiera en un primer momento modificar las condiciones de trabajo y despedir a 91 trabajadores para posteriormente, "y sin que se haya producido variación alguna en la situación económica", haya procedido a decidir extinguir los 358 contratos de su plantilla alavesa. A su juicio, esta medida constituye una "respuesta o represalia empresarial" al ejercicio del derecho a la huelga o bien "una medida de presión" para negociar en mejor posición las medidas que la plantilla rechazó en el anterior expediente.

Conocida la sentencia al filo de las 13.00 horas, las valoraciones no se hicieron esperar. El primero en salir al paso fue el propio comité, que en una concurrida rueda de prensa se felicitó efusivamente por la noticia. Una felicitación que su presidente, Nando Anguiano, hizo extensiva a sus compañeros de comité, a los trabajadores despedidos e incluso a aquellos, cerca de 180, que decidieron romper la huelga para regresar a sus puestos de trabajo. "Esperemos que a partir de ahora recapacitemos juntos en torno al comité", espetó. Tras conceder el apelativo de "justa y legítima" a la lucha mantenida en estos cinco meses, el portavoz lanzó un mensaje de diálogo a la dirección para negociar "en serio" el futuro de las dos plantas, "que son viables", y señaló que el fallo es "muy bueno" para quienes "hemos sido y serán chantajeados". Según sus palabras, la plantilla no aceptará un planteamiendo de "despidos fantasmas y salvajes" como el que hasta ahora ha querido llevar a cabo.

Decepción en Celsa Minutos después le tocó el turno a la propia empresa y a SEA. Un portavoz de Celsa expresó su decepción con el fallo y anunció que la compañía continuará con los planes que tenía previstos "desde el cumplimiento íntegro de la ley". Por su parte, fuentes de la patronal acataron el auto, si bien lanzaron un dardo envenado al propio sistema judicial al no ocultar su inquietud con el fallo y considerar que el espíritu y la letra de la ley está recibiendo una "respuesta inesperada" por quienes imparten justicia. "La judicatura ha asumido ser el contrapunto de reequilibrio a la Reforma, dejando a ésta sin el efecto en la flexibilidad, en la productividad y en la generación de empleo que pretendía en aras de buscar el crecimiento económico", zanjó.