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El PP presiona a la Comisión Europea contra un ingreso de Catalunya en la UE

El Gobierno español remite un escrito formal al Ejecutivo comunitario para que Europa tenga una sola voz a la hora de posicionarse sobre la incorporación de un Estado catalán a la Unión Europea

europa press - Lunes, 8 de Octubre de 2012 - Actualizado a las 05:14h

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Rajoy y Mas se saludan poco antes de su reunión en Moncloa del pasado 20 de septiembre.

Rajoy y Mas se saludan poco antes de su reunión en Moncloa del pasado 20 de septiembre. (Foto: afp)

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Madrid. El Gobierno español parece estar dispuesto a dificultar cualquier movimiento soberanista en Catalunya, tanto de puertas para adentro como en el ámbito europeo, hasta el punto de solicitar que sea la Comisión Europea (CE) la que ponga palos en las ruedas a un hipotético Estado catalán en el seno de Europa. Así se desprende de las últimas maniobras del Ejecutivo de Rajoy, que ha solicitado que la institución comunitaria tenga una sola voz cuando sea interpelada sobre cualquier posibilidad de que un territorio del Estado pueda ingresar en el club de los 27 si se declara independiente.

Con un Artur Mas decidido a celebrar una consulta en la próxima legislatura -si sale a relucir una mayoría catalanista tras las elecciones del 25-N- para vertebrar la vía soberanista en Catalunya, los populares ya van moviendo fichas en el plano internacional. Precisamente, en el ámbito al que el president catalán apeló en caso de que España vetase el plebiscito. En un escrito formal dirigido recientemente a su cúpula, el Ejecutivo de Rajoy ha solicitado al Gobierno comunitario que todos sus miembros expliquen la posición que mantendría Bruselas en este asunto "de conformidad con los tratados", según señala Europa Press tras recabar información de fuentes diplomáticas.

La Comunidad Europea dio respuesta hace años a la pregunta de si una región que se escindiera de un Estado miembro seguiría perteneciendo a la UE o no. Fue en respuesta a una pregunta formulada por un eurodiputado británico en 2004 cuando Bruselas aclaró que "una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión, y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia".

Así, un nuevo Estado desgajado de un país miembro tendría que presentar una solicitud de adhesión -similar a la que realizan los países candidatos en la actualidad-, una petición formal que tendría que ser aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de cada país miembro. De esta forma se abriría la posibilidad de veto por parte de cualquier Estado, incluido el español. El Gobierno del PP estima que la UE no aceptará la secesión de Catalunya u otro territorio que no haya sido decidida por "el conjunto del pueblo español".

Pero antes de llegar a ese hipotético escenario de una Catalunya emancipada de España llamando a la puerta de la Unión Europea, el PPE -Partido Popular Europeo- también ha avisado del "corto recorrido" que tendría esa vía. Su secretario general y europarlamentario popular, Antonio López-Istúriz, aseguró que la apuesta soberanista del president Mas no contará con "ningún apoyo". Tal y como recalcó, "en el articulado de los tratados figura que a la UE no le gustan las secesiones unilaterales", para insistir en que también en el Estado existirían instrumentos en la propia Constitución para poder impedir un sondeo a la ciudadanía catalana.

Precisamente inmerso en ese debate interno en el Estado, el asunto catalán escribirá un nuevo episodio mañana mismo. El pleno del Congreso debatirá sobre la capacidad de Catalunya de convocar un referéndum de autodeterminación.

Planteada por ERC, la proposición no de ley insta al Gobierno de Rajoy a "transferir" la competencia de autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en un plazo máximo de seis meses. La formación republicana estima que "depende solo de la voluntad política del Parlamento español" que el Govern asuma las competencias, si bien también recordó que el Tribunal Constitucional suspendió el año pasado la Ley de Consultas aprobada por el Parlament catalán, y que fue impugnada por el anterior Ejecutivo del PSOE.

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