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las cuentas del estado para 2013

Rajoy rompe la hucha de las pensiones para afrontar los problemas de liquidez

El Gobierno ultima las reformas para endurecer la jubilación anticipada y parcial

El Estado acudirá por primera vez al Fondo de Reserva, del que tomará 3.000 millones, el máximo permitido

a. l./dna - Viernes, 28 de Septiembre de 2012 - Actualizado a las 05:14h

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De Guindos, Sáenz de Santamaría y Montoro, ayer después del Consejo de Ministros en el que se ultimaron los Presupuestos de 2013.

De Guindos, Sáenz de Santamaría y Montoro, después del Consejo de Ministros en el que se ultimaron los Presupuestos de 2013.

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Madrid. El Gobierno del PP ha decidido subir las pensiones el año que viene a pesar de la delicada salud de la Seguridad Social. Desoyendo a Bruselas, ha dado luz verde a una revalorización de las jubilaciones del 1% que será otra carga para la caja que paga las pensiones. Y eso a pesar de que ya este año y por primera vez el Ejecutivo deberá echar mano del Fondo de Reserva, la hucha creada en el año 2000 a la que iban a parar los ingresos extra en los años de vacas gordas. Encendida la alarma sobre la viabilidad del sistema, el Gobierno ultima reformas para endurecer las prejubilaciones y adecuar diversos factores, incluida la edad legal de jubilación -el año que viene sube a 65 años y un mes- al aumento de la esperanza de vida.

Consciente de que los pensionistas tendrán un peso importante en las próximas elecciones de la CAV, Galicia, y en noviembre de Catalunya, el equipo de Mariano Rajoy ha plasmado en los Presupuestos del año que viene la consigna de que las pensiones no se tocan. La subida en 2013 será la misma que este año, es decir, de un 1% en enero con el compromiso, si nada cambia, de sumar en diciembre la diferencia con el IPC.

En un principio ese 1% más son 1.000 millones más de gasto para el Estado el año que viene, pero a corto plazo hay otro escollo por superar. El Gobierno no ha decidido si abonará a los jubilados la compensación de la subida de precios registrada a lo largo de este año, es decir, la diferencia entre la subida del 1% del pasado enero y el IPC de final de año, previsiblemente cercano al 3%, decisión que prevé tomar en noviembre, según Efe. Ese 2% de desfase suponen unos 2.000 millones de gasto extra, y la subida debe consolidarse durante el próximo ejercicio comprometiendo 2.000 millones más. En números redondos, para el Ejecutivo el mantener la hoja de ruta de las pensiones tal cual está concebida supondría un coste extra en 2013 cercano a los 5.000 millones de euros. Para el pensionista, sería el equivalente a unos 30 euros mensuales más, además de la compensación con el IPC de este año que se abonaría entre enero y marzo del que viene.

Rajoy evita así congelar las pensiones como le recomienda Bruselas, pero a cambio debe tomar medidas quizá más dolorosas para su crédito político. La Seguridad Social está en déficit y la situación no tiene visos de mejorar. El paro y la precarización de las condiciones de quienes trabajan empujan a la baja a las cotizaciones, mientras el número de pensionistas no para de crecer. En este escenario el Estado ya tuvo que recurrir a una primera reserva para pagar a los jubilados en julio, y el siguiente paso ya está dado. El PP anunció ayer que recurrirá al último recurso de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva, dotado con 69.000 millones, para afrontar los problemas de tesorería. En concreto, sacará 3.063 millones de la hucha de las pensiones, el máximo previsto en la ley, un síntoma de la evidente fragilidad de la Seguridad Social.

Descartada una mejoría en el mercado laboral, la alternativa escogida por el Ejecutivo para dar la vuelta a la situación es lograr que los trabajadores se retiren más tarde. El Gobierno presentará antes de final de año a los grupos políticos y a los agentes sociales reformas para endurecer la jubilación parcial y la anticipada. Además propondrá revisar distintos aspectos de las jubilaciones, incluida la edad legal y la cuantía de las prestaciones, para ajustarlas a la mayor esperanza de vida. De no lograr consenso, el PP podría recurrir a su mayoría absoluta para aprobar los cambios vía decreto.

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