El rey alerta contra quienes alientan "disensiones" y persiguen "quimeras"

Torres-Dulce promete tolerancia cero con los "pupilos" de ETA y la corrupción

Madrid, 18 sep (EFE).- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que la Fiscalía no bajará la guardia en la lucha contra ETA y ha advertido a Sortu de que será "guardián" de la legalidad y mantendrá "tolerancia cero" con los pupilos de la banda terrorista, al igual que con la corrupción económica. "El Ministerio Fiscal no tolerará humillaciones a las víctimas del terrorismo, apología de sus verdugos o ensalzamiento de las actividades de las actividades de éstos", ha destacado el fiscal general en su primer discurso con motivo de la apertura del Año Judicial, acto en el que también se ha estrenado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner. Además ha aludido indirectamente a la reforma del Código Penal, anunciada por el Gobierno, al afirmar que la desazón que suscitan las estadísticas criminales "no debe embargar nuestro buen sentido a la hora de emprender cambios legislativos", pues -a su juicio- "no siempre el agravamiento punitivo es la respuesta adecuada". El responsable de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se encontraba por primera vez como ministro entre los asistentes a la ceremonia de apertura de los tribunales, que ha presidido el Rey, y a la que también han acudido los presidentes del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, entre otros. Según Torres-Dulce, la Fiscalía tendrá "un nivel de tolerancia cero" con los pupilos de ETA porque es "la única respuesta" que se puede dar a la banda terrorista y ha destacado en referencia a Sortu que un "partido político no puede ser el caballo de Troya construido para traer la ruina y la devastación". "Las conductas más activamente corrosivas de los fundamentos de nuestra convivencia son el terrorismo y la corrupción económica", ha apuntado Torres-Dulce, recordando que el "padrinazgo" que ETA puede ejercer sobre ciertas organizaciones políticas debe corregirse con los instrumentos de la Ley de Partidos Políticos tan pronto revelen su naturaleza. En este sentido, ha destacado que el Ministerio Público será "guardián inflexible" del cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional para el mantenimiento en el ámbito de la legalidad de Sortu, y procurará que sus promotores no olviden que el ejercicio del derecho de asociación exige el respeto de los valores democráticos. Sobre la corrupción, el fiscal general ha resaltado:"No podemos permitir que este fenómeno siga envenenando el funcionamiento de la economía de nuestro país, la integridad de las arcas públicas, la probidad de las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones públicas". Asimismo, ha señalado que los ciudadanos deben estar seguros de que el Ministerio Fiscal contempla la ley en la perspectiva del interés social, "que en estos momentos de crisis supone la mayor atención a las víctimas de los delitos y muy especialmente" los casos en los que económicamente haya fallado en sus finalidades el sistema financiero. Durante la solemne ceremonia, Moliner, que ocupa ese cargo desde julio tras la dimisión de Carlos Dívar, ha prometido que hará "todos los esfuerzos necesarios" para recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia "en un momento en el que las dificultades económicas nos llevan a desconfiar de nuestras instituciones". Ha aludido también a los "momentos de austeridad, que también alcanza y por partida doble a los integrantes del poder judicial", destacando que la "reducción de sus retribuciones se une al aumento generalizado de su trabajo", palabras que pronunciaba al tiempo que un grupo de funcionarios judiciales protestaba en las puertas de la sede del Tribunal Supremo por los recortes. Para Moliner, que antes de acceder al cargo presidía la Sala de lo Social del Supremo como experto en derecho laboral, "la importancia de la crisis y la búsqueda de remedios exige un esfuerzo de todos y en todos los cambios económicos y sociales, en la defensa y respeto de los derechos individuales inherentes a la dignidad de la persona y valores y principios que de ella dimanan". A juicio de Moliner, "no sólo es preciso que la independencia judicial aparezca proclamada en la Constitución", actualmente vigente, sino que el CGPJ debe actuar como su garante, "eliminando cualquier sospecha de intervención externa cualquiera sea el origen de la misma". "En un momento en el que las dificultades económicas por las que atravesamos nos llevan a desconfiar de muchas de nuestras instituciones, el Poder Judicial debe seguir siendo considerado como la última garantía para los derechos de los ciudadanos", ha concluido.EFE