El PP lamenta un posible cierre de Garoña y muestra su sorpresa por la decisión de las eléctricas

Vitoria. El ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), expresó ayer su "sorpresa" ante la decisión de la operadora de la central nuclear de Santa María de Garoña de eludir la solicitud para prorrogar la operatividad de la planta burgalesa. El gestor popular -portavoz visible dentro de su formación, que ha sido la máxima valedora de la continuidad de la planta, incluso, con promesas electorales al respecto- reconoció que su Ministerio había recomendado a Nuclenor -titular de la central- que solicitara la continuidad de la vida útil de la instalación hasta 2019. A juicio del ministro, de llevarse a cabo su intención, la empresa -participada al 50% por las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa- siempre tendría la posibilidad de rechazar seguir con la actividad si no estaba de acuerdo con los términos de la reforma energética en ciernes.

Precisamente, la citada reforma legislativa gana enteros como explicación a la postura adoptada por los propietarios de la planta, que habrían preferido cerrar el negocio antes que tener que hacer frente a un hipotético repunte impositivo creado para gravar la actividad nuclear con medidas como la creación de una tasa de unos 10 euros por kilovatio y hora ideadas para reducir la deuda energética.

Otra posible explicación al no a Garoña residiría en las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de la instalación, sobre todo, tras el accidente de la central de Fukushima, gemela a la planta castellana. Cabe recordar que la instalación quedó eximida en 2009 de las mejoras necesarias ya que se presuponía que sólo iba a continuar hasta 2013. En ese sentido, distintos medios madrileños cifran la cantidad necesaria para poner al día tales aspectos en alrededor de 100 millones de euros, cantidad muy difícil de financiar debido a la actual situación económica. Es decir, sería peor el remedio que la enfermedad, ya que Garoña ya está amortizada hace tiempo.

Sea como fuere, el ministro explicó en los Desayunos de TVE que "no encontramos ningún tipo de explicación para que los operadores no pidan la prórroga, pero es su derecho y su legitimidad y nosotros no vamos a forzar a nadie a que pida un plazo más amplio".

La perplejidad del Gobierno se centraría en que Nuclenor pidió una prórroga de la vida útil de Garoña hasta 2019 y consiguió un informe favorable del CSN. Tras aquel acontecimiento, el Ejecutivo popular, tal y como anunció en la campaña electoral que le llevó a la Moncloa, revocó parcialmente una orden ministerial dictada en época de Zapatero para hacerlo posible. Sin embargo, con posterioridad, la empresa renunció hacer efectiva la solicitud por la "incertidumbre regulatoria".

A pesar de los acontecimientos, el ministro mostró ayer la predisposición del Gobierno central a ampliar la vida útil de Garoña, aunque reconoció que "no se pidió la prórroga antes del 5 de septiembre" y "no se la puede dar".

En la situación actual a Garoña le quedan nueve meses, por lo que en breve tendría que presentar el plan técnico de cierre. La planta nuclear burgalesa produce 466 megavatios de energía, lo que supone un 6,5% de toda la energía nuclear que se produce en España y un 1,6% de la energía general del Estado.