Las AMPA vascas, en alerta por la reducción horaria del profesorado y la falta de sustitutos

Bilbao. La vuelta al cole siempre es dura, pero la del curso 2012/13 se presenta más complicada si cabe. El incremento del IVA en el material escolar, la sombra de nuevos recortes en el sistema educativo (a la vista de cómo el Tribunal Constitucional ha tumbado el decreto aprobado por el Gobierno vasco para no aplicar el copago farmacéutico impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy), y la inminente reforma educativa (proyectada por el ministro José Ignacio Wert para este otoño) que trastocará profundamente la estructura del sistema deambulan de boca en boca.

A escasos días de que los estudiantes vuelvan a ocupar sus pupitres, muchas familias del Estado se preguntan en qué condiciones se impartirán las clases a sus hijos e hijas. Y en el caso de Euskadi, a estas preocupaciones derivadas de la política ultraliberal del Partido Popular se unen las generadas por los recortes y el diseño del mapa escolar que viene aplicando el Departamento de Educación -en manos del PSE-EE- y que, en opinión de las asociaciones de padres y madres (AMPA), han debilitado la tradicional solidez de la escuela pública vasca.

En un comunicado conjunto, BIHE, SAREAN y EHIGE, la confederación que agrupa a las federaciones de padres y madres de la escuela pública vasca (el 90% del total), han rechazado "los recortes que se están aplicando en la escuela pública en el marco de la política estatal". Aunque reconocen "el esfuerzo" que el Gobierno vasco está realizando para minimizar el impacto del decretazo de Wert en Euskadi, "creemos que las decisiones que se están tomando están influyendo de manera negativa en la calidad de la educación", apuntan.

Entre las decisiones adoptadas por el Gabinete de Isabel Celaá y que, en opinión de los grupos firmantes del documento, están afectando a la calidad de la enseñanza destacan: la reducción de horas del profesorado, la restricción de las sustituciones, el diseño del mapa escolar y el sistema de adjudicación de plazas en los centros de titularidad pública.

Respecto a esta última cuestión, las familias censuran que "las decisiones que el Departamento de Educación está adoptando en la planificación del próximo curso no están garantizando una plaza pública cerca del domicilio a todas las familias".

Esta denuncia coincide además con una de las conclusiones del Consejo Escolar de Euskadi -máximo órgano de representación de la comunidad escolar- que en su último Informe sobre la Educación en Euskadi alerta de las fallas del sistema de adjudicación de las plazas y su escasez en ciertos municipios, por lo que solicitó al Gabinete Celaá que considerase la posibilidad de abrir nuevos centros en localidades que carecen de oferta educativa pública, cuando la demanda lo justifique. Detrás de esta realidad está el desvío de muchos alumnos a la red privada, que en Euskadi aglutina casi el 50% de los estudiantes.

En este sentido, EHIGE, BIHE y SAREAN consideran "arriesgada" la política de optimización de la demanda que está aplicando el Departamento ya que la experiencia ha demostrado que "muchas familias que no logran en el centro público solicitado en primer lugar terminan matriculándose en un centro concertado". Ello se debe a que el Gabinete Celaá aún no ha puesto en marcha el mapa escolar previsto en la LOE y en un decreto de 2009, que establece que las áreas de influencia de los centros públicos y concertados han de ser las mismas con el fin de igualar las condiciones de admisión a todo el alumnado. Hoy en día, por el contrario, a las familias que optan por la red pública se les asigna por norma general un único centro, mientras que la opción por los centros concertados es mucho más abierta puesto que el área de influencia que el Departamento les asigna es también mucho más amplia.

Con el objetivo de "no obstaculizar" el crecimiento de la escuela pública, estas AMPA reclaman que se responda a todas las demandas y "no ayudar a que el alumnado que desea estudiar en un centro público se desvíe a la enseñanza concertada". Esta reclamación coincide en el tiempo con la reciente aprobación por parte del Gabinete Celaá de los conciertos educativos de los colegios privados para los próximos cuatro años, lo cual es "poco razonable", aseguran. No en vano, estas asociaciones creen que hay que reforzar la red pública "ante una perspectiva económica poco clara" y cuando "hay tantas dudas" sobre la planificación futura de la enseñanza, con la entrada en vigor de la reforma de la LOE impulsada por Wert.

Malestar entre el profesorado Por otro lado, las familias alertan de que "se ha ido reduciendo" el crédito horario del que disponía el profesorado para llevar adelante proyectos de centro y horas de coordinación. En consecuencia, critican que "se ha vuelto imposible llevar adelante muchos de los proyectos, lo que influye negativamente en la motivación del profesorado creando desilusión".

Asimismo, aseguraron que la nueva política de sustituciones, que retrasa las mismas hasta los quince días en el caso de Secundaria, "crea muchos problemas para impartir todas las horas". Y en el caso de la dotación de recursos para cubrir las bajas en Primaria ha provocado profesorado sobrecargado y la reducción de las clases de apoyo. Opinan que esta situación, además de las 23 horas de permanencia del profesorado en ESO, "provoca malestar" entre los docentes y "tiene un efecto negativo en la calidad educativa".