Órdago al inmovilismo de Rajoy

Era una exigencia legal y humanitaria, y ahora se puede convertir también en la prueba del 9 para demostrar la voluntad del Gabinete Rajoy; en un ineludible desafío en el que el Ejecutivo popular se verá obligado a retratar hasta dónde llegan los límites del inmovilismo al que se aferra a pesar de la consolidación paulatina del nuevo tiempo que abrió el cese definitivo de la violencia decretado por ETA hace ya diez meses.

El hombre elegido por Mariano Rajoy para pilotar este proceso, el ministro del Interior, Jorge Fernández, aún mantenía ayer su discurso, al insistir en trasladar que su Gobierno "no negociará" ni adoptará "medidas extraordinarias" de cara a los presos, el colectivo más sensible por cuanto se encuentra necesariamente en el corazón del futuro proceso de desarticulación definitiva de ETA. No en vano, solo en el Estado español se cifra en más de 600 la cantidad de militantes presos, mientras que la Policía estima en poco más de 50 los que se encuentran en libertad.

Sin embargo, la espita abierta ahora con los presos gravemente enfermos puede desactivar este discurso, ya que su puesta en libertad no debería responder a ningún tipo de "negociación" ni podría considerarse como una "medida extraordinaria", pues así mandata hacerlo el propio Código Penal español, por lo que, especialmente desde que la huelga de hambre emprendida por Josu Uribetxebarria -aquejado desde 2007 de un cáncer que ya ha llegado a la irremediable metástasis por falta de la atención especializada que debería haber recibido, según diferentes colectivos- devolviera esta cuestión a la primera plana despertando además una cadena de huelguistas que avivan la llama, no hay duda de que el Gabinete Rajoy se encuentra ante el mayor órdago desde que llegara a La Moncloa en esta dramática partida en que se está convirtiendo el proceso de paz.

En total son 142 los presos del MLNV que se encuentran enfermos; unos 100 por dolencias físicas y 42 aquejados de serios problemas psicológicos que se van degenerando en prisión. Y, según explican desde Etxerat, 14 de ellos se encuentran gravemente enfermos; categoría que se alcanza cuando los médicos acreditan que las dolencias que sufren no pueden ser tratadas en las cárceles sino que precisan de un seguimiento y una atención especializada en hospitales del exterior, como pueden ser el cáncer o los problemas cardiacos. En estos casos, la legislación española es clara [ver cuadro], y con ella en la mano se liberó por ejemplo al general Rodríguez Galindo tras haber cumplido tan solo cuatro de los 75 años a los que fue condenado como responsable máximo de los asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, lo que aviva la exigencia de que estos 14 reclusos sean liberados. Especialmente teniendo en cuenta que casi la mitad ya deberían estar en la calle y recibiendo el tratamiento médico que precisan, no porque se les hubiera concedido la libertad condicional que ahora reclaman sino por haber cumplido su condena, de no ser porque se les aplicó la doctrina Parot que ya ha sido refutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La política penitenciaria siempre ha sido uno de los termómetros de la situación por la que atravesaban los sucesivos procesos de paz. Y quizá el más claro ejemplo fuera la decisión que tomó en último inquilino popular de La Moncloa, José María Aznar, cuando amagó con desactivar la dispersión acercando a Euskadi a casi 150 presos cuando ETA aún mataba y alentó varias liberaciones. Sin embargo, el PP de Rajoy insiste ahora en no moverse y "aguantar el tipo", convencido de que si no se deja "enredar en las propias reivindicaciones de ETA, de los presos, etc", ésta se disolverá, como dijo recientemente el número dos de los populares vascos, Iñaki Oyarzábal.

La sorpresa que despierta esta actitud anida en las calles vascas y ya traspasa fronteras -empezando por los integrantes del Grupo Internacional de Contacto, aún vetado por Rajoy-. Y este fenómeno irá in crescendo a medida que avancen las huelgas de hambre activadas, como sucedió con el caso De Juana, poniendo al Gabinete Rajoy bajo el foco internacional, al tiempo que alimenta la duda de hasta qué punto es de Justicia no aplicar la propia ley vigente, y desde cuál esta estrategia traspasa la linea del derecho para adentrarse de lleno en las aguas de la venganza.