El Gobierno Vasco reitera sus garantías de acceso a la Sanidad para todos

Vitoria. El Gobierno Vasco reiteró ayer que en Euskadi se mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos y afirmó que en septiembre presentará alegaciones a la obligación de aplicar el copago farmacéutico. El Ejecutivo autonómico hizo público un comunicado en el que adelantaba los argumentos que utilizará para presentar sus aportaciones al documento de trabajo que el Ministerio de Sanidad ha remitido a las comunidades autónomas sobre los ajustes en asistencia sanitaria.

El Gobierno Vasco avanzó que mostrará su oposición a un modelo de prestación sanitaria basado en los recortes y en las restricciones y apostó por una política de servicios públicos que garantice el acceso universal de toda la población "a un derecho tan básico como es el de recibir atención sanitaria", tal y como ampara la capacidad normativa de Euskadi y su autogobierno.

En cuanto al real decreto que está preparando el Ministerio de Sanidad para regular la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno Vasco denunció que esta norma conduce hacia "una completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado y deja a las comunidades el papel de meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias".

También consideró que el real decreto del pasado sábado sitúa a quienes acceden a la asistencia sanitaria por razón de su renta ante "una gran inseguridad jurídica".

Por otro lado, reiteró su oposición al copago farmacéutico y criticó que formaciones como el PP, PNV y Bildu se hayan "apresurado" en Álava a trasladar los datos fiscales "con el objeto de hacer posible el copago farmacéutico".

El Gobierno Vasco aprobó un decreto que dejaba sin efecto el copago en Euskadi pero el Tribunal Constitucional lo ha dejado en suspenso de manera cautelar durante cinco meses. Hasta que el Ejecutivo autonómico presente sus alegaciones al auto, en septiembre, en Euskadi se mantienen las mismas condiciones de pago farmacéutico que rigen en este momento, incluido el reembolso de la diferencia de precio que paguen los vascos cuando compren medicamentos en farmacias de fuera de la comunidad autónoma. Posteriormente, y con independencia del resultado del conflicto legal, la intención del Gobierno Vasco es que los pensionistas no sufrirán el "impacto económico" del copago, por lo que estudiará implantar medidas de compensación.

Por otro lado, el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, avisó ayer de que limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas económicos e infecciosos, y recordó que para los profesionales sanitarios es un "deber deontológico" atender a "cualquier ciudadano".

Serafín Romero reaccionaba así a la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de hacer pagar mediante convenios 710 euros a los inmigrantes menores de 65 años y 1.864 euros a los mayores de esa edad para obtener asistencia en la sanidad publica. A su entender, disminuir la accesibilidad de este colectivo social a la atención primaria puede generar que estos ciudadanos dejen de acudir a los servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una "demora" en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún tipo de enfermedad.