Lakua minimiza los recortes de Rajoy

Vitoria. Las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy para ahorrar 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación no tendrán una aplicación inmediata en la Comunidad Autónoma Vasca, donde las tasas universitarias subirán como el IPC y se mantendrán los ratios de alumno por aula, los grupos mínimos y el sistema de becas. Por lo que respecta a la introducción de medidas de copago en determinados servicios sanitarios y farmacéuticos, Lakua establecerá mecanismos paliativos de carácter asistencial para que la renta de los pacientes no se vea afectada y mantendrá el principio de atención universal.

Los responsables de Educación, Isabel Celaá, y de Sanidad, Rafael Bengoa, reiteraron ayer que en la Comunidad Autónoma no se aplicarán los recortes decretados por el Gobierno español y anunciaron la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra esas medidas que "pretenden rasear a la baja" los servicios públicos y "mutilar" las competencias autonómicas. En el área de Educación los recursos se dirigirán contra la ampliación de horario lectivo de los docentes, la supresión de las sustituciones, la estabilidad y liquidación presupuestaria de la Universidad y, probablemente, la subida de tasas. En Sanidad se cuestiona la constitucionalidad de la utilización de un real decreto "sin estar justificado" y el cambio de modelo sanitario que subyace en la eliminación del derecho universal y el paso a un modelo de "asegurado por tramos". Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco ya están trabajando en la redacción de los recursos que se presentarán ante el Tribunal Constitucional, aunque los consejeros dejaron ayer una puerta abierta para "reconducir la situación" mediante el diálogo.

Celaá calificó la decisión del Gobierno español de obligar a las comunidades autónomas a recortar en Sanidad y Educación como "una grosería, una descortesía y un despropósito", que, en el caso del País Vasco, no ha respetado sus competencias autonómicas ni su singularidad fiscal y financiera. Para la consejera la actuación del Gobierno de Rajoy ha sido un ejercicio de poder "autoritario, prepotente e ilegítimo" que "no responde a necesidades de ahorro" y cuya consecuencia será un agravamiento de la situación pues "al problema económico añade ahora el problema político", tanto por lo que las medidas suponen de vulneración de las competencias autonómicas, como por el hecho de que se han adoptado "saltándose todas las formalidades y procedimientos" para las relaciones entre el Estado y la CAV.

En el plano práctico, tanto Celaá como Bengoa quisieron mandar un mensaje de tranquilidad a las familias, a los alumnos preuniversitarios y a los usuarios de la Sanidad vasca porque -dijeron- los servicios públicos se seguirán prestando como hasta ahora hasta donde sea posible y, si no hay más remedio que aplicar alguno de los recortes, se establecerán medidas paliativas. Así, en la educación universitaria, el Gobierno Vasco aplicará una subida de tasas igual al IPC y se mantendrán los criterios de configuración de grupos. Celaá se quejó de que el Ministerio de Educación obligue a modificar la estructura de los cursos al establecer un mínimo de 50 alumnos por grupo y puntualizó que ese criterio no respeta la singularidad vasca y obligaría a suprimir algunos grados. Recordó que para la enseñanza en euskera hay establecidos otros mínimos y no descartó incluir este punto en el recurso de inconstitucionalidad.

En el apartado de Sanidad, Rafael Bengoa también incidió en la "invasión competencial" y cuestionó la utilización de un real decreto para establecer una batería de medidas sobre recursos humanos que afectan al personal sanitario.