López modifica la Ley de la Naturaleza para aplicar el 'fracking' en los Montes de Vitoria

Vitoria. El pasado miércoles, el director de Energía del Gobierno Vasco, Jorge Letamendia, afirmaba tajante que "nada en la legislación ambiental" impide explorar o explotar un yacimiento de gas mediante la técnica del fracking dentro de un Parque Natural o en sus zonas de afección. El mismo día, la Mesa del Parlamento Vasco registraba la respuesta del Ejecutivo de Patxi López a una propuesta de PP y PSE para cambiar la Ley de Conservación de la Naturaleza y dar así la razón a Letamendia. El criterio de Ajuria Enea era favorable.

Así pues, el Gobierno eliminará la prohibición expresa que el artículo 17 de la citada norma, en su punto cuarto, establece a proyectos como el que arrancará en Subijana de Álava a finales de año. "Dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera alguna, ni a cielo abierto ni de forma subterránea", reza la legislación tras su modificación de marzo de 2010.

La redacción propuesta por los socios de Gobierno y aceptada por el mismo blinda el proyecto del fracking ante la posibilidad de declarar la zona Parque Natural, una decisión que, por otra parte, corresponde tomar en última instancia al propio Ejecutivo vasco. "Dentro de los límites de los espacios naturales protegidos no podrá llevarse a cabo explotación minera salvo en el caso de que no suponga la transformación permanente de la superficie original de los mismos, para lo cual se garantizará una reposición del terreno con la misma identidad geométrica y valores ambientales equivalentes a los preexistentes".

Es decir, vía libre a la exploración y explotación del fracking en parques naturales y en cualquier otro tipo de espacio protegido, aunque en ninguna parte de la farragosa proposición de Ley de Partido Popular y Partido Socialista de Euskadi se alude expresamente a la operación que ha motivado el cambio legal. Tampoco a los problemas que le han planteado las empresas cantereras al Gobierno Vasco al no poder operar en parques naturales, y que en su alegación contra el proyecto de Ley pone de manifiesto la Unión de Espeleólogos Vascos.

Socialistas y populares vascos justifican su propuesta al Gobierno autonómico aludiendo a la jurisprudencia, pues el Tribunal Constitucional falló hace nada menos que treinta años que se deben "compaginar en la forma que en cada caso decida el legislador competente la protección de ambos bienes constitucionales: el medio ambiente y el desarrollo económico".

añeja jurisprudencia Los dos grupos parlamentarios recuerdan que la propia Ley de Conservación de la Naturaleza aboga por hacer compatible la conservación del medio ambiente y su aprovechamiento ordenado, y que incluso la Ley general de protección del medio ambiente del País Vasco establece la redacción de declaraciones de impacto ambiental individualizadas como garantía suficiente de que se salvaguarda el entorno.

Sensibilizado ante estos argumentos, el 24 de abril el Gobierno acordó manifestar su criterio favorable a eliminar el veto establecido por el Parlamento a las explotaciones mineras hace tan sólo dos años, de tal forma que se pueda "armonizar la protección del medio ambiente con la explotación de los recursos económicos". De tal forma que la declaración de Parque Natural de los Montes de Vitoria no interrumpa el proceso de exploración del gas pizarra.

El cambio normativo da vía libre también al proyecto Enara 3, un nuevo pozo exploratorio cuya instalación se está tramitando por si las perforaciones en Enara 1 y 2 no arrojan conclusiones determinantes sobre el potencial económico del yacimiento de gas alavés o sobre su viabilidad técnica y medioambiental. Enara 3 está en el municipio Kuartango, en un espacio protegido por la Red Natura 2000, y figura también blindada de la actividad minera por ese punto cuarto ahora modificado. En cuanto se apruebe el cambio legal planteado por PP y PSE, una declaración de impacto ambiental solventará el problema, como por otra parte ya ha asegurado Letamendia en varias ocasiones.

de nuevo el interés general Tal y como ocurrió cuando se autorizó la construcción de la cárcel de Zaballa en plena ladera norte de los Montes de Vitoria, PP y PSE apelan al "interés general" en su proposición de Ley. En concreto, el texto asegura que "no pueden sustraerse a la riqueza del país recursos económicos que se consideren de interés general aduciendo otras finalidades, como la protección del medio ambiente".

La proposición no considera "conveniente" que la Ley fije de forma inamovible dónde se puede o no se puede abrir una mina, sino que han de ser "los concretos instrumentos de ordenación y de uso y gestión los que decidan, en última instancia, la oportunidad o no" de autorizar la actividad extractiva. Es decir, será el Gobierno Vasco, y no la Ley, quien decida.

Eso sí, esos instrumentos de ordenación "podrán limitar la actividad extractiva, tanto a cielo abierto como subterránea", si es incompatible con "los valores medioambientales y criterios de protección de dichos espacios". Así, el Gobierno se reserva el derecho de atemperar la actividad en Enara 1 y 2 si lo cree oportuno, pero resulta que, como se insiste desde hace meses, el principal promotor de los sondeos es el propio Ejecutivo, que con la propuesta de PP y PSE se erige en gendarme medioambiental de sí mismo.